Los funcionarios y su declaración de renta

La mala hora por la que atraviesa el Gobierno Nacional se puede dividir en dos partes: la primera, todo lo que tiene que ver con los enredos del hermano del Presidente, y la segunda, con las graves acusaciones sobre su hijo, hoy diputado por el departamento del Atlántico.

Todos los organismos de control y vigilancia deben estrechar sus investigaciones frente a las dos situaciones; Fiscalía y Procuraduría tienen la palabra y hacer avanzar la responsabilidad “vía exprés”, de tal manera que el Primer Mandatario no repita la historia de la administración de Ernesto Samper, quien estuvo bajo manto de duda la mayor parte de su mandato.

El limbo en el que pueda caer esta situación escandalosa es lo peor que le puede pasar al país, que no merece tener un Presidente atado y a unos ministros y funcionarios de alto nivel presos de las oficinas de control. Los delitos en que pueden estar inmersos los cercanos al presidente Petro van desde tráfico de influencias hasta financiación ilegal de campañas, pasando por temas no menores como la poca receptación de recursos sin justificación alguna.

No puede ser normal en la política colombiana que senadores, representantes, diputados, concejales, gobernadores y alcaldes, en solo cuatro años (incluso menos) entren como ciudadanos de ingresos medios y salgan como grandes potentados.

Son miles los casos de funcionarios de elección popular y muchos de nombramiento que dan un salto cuantitativo exagerado en su patrimonio; muchas veces no son ellos sino sus familiares y patrocinadores quienes se convierten en auténticos lavadores de dineros de corrupción.

El gran problema es que históricamente los entes de control también se corrompen y arman verdaderos carteles para robar el erario. Las contralorías regionales, la Procuraduría y la Fiscalía tienen la palabra en esta situación que no es nueva y que aqueja a todos los gobiernos.

Una manera de ser estrictos y acabar con los funcionarios corruptos es que la Dian sea mucho más rigurosa en el seguimiento a los patrimonios. Hay una entidad de carácter técnico que se llama la Uiaf, Unidad de Información y Análisis Financiero, adscrita al Ministerio de Hacienda, que debe trabajar de frente contra la corrupción de los funcionarios públicos y ampliar su radio de acción a los familiares de los políticos comprometidos en situaciones de corrupción.

La Fiscalía, la Dian y la Uiaf deberían demostrar su idoneidad como instituciones y lanzar una gran redada de políticos corruptos que desangran el erario, ampliar su trabajo a patrocinadores, empresarios y familiares de esta lacra social que no deja que el país avance.

Los medios de comunicación, las redes sociales y el mismo Congreso, porque todos los parlamentarios no son malos, deberían empezar por revisar a fondo la declaración de renta de los funcionarios electos y nombrados para que se empiece a derrumbar su estructura delictiva, pero sobre todo para dar un ejemplo de que hay las herramientas legales para trabajar con transparencia cuando se trata del dinero de todos.

Los colombianos de hoy no se pueden acostumbrar a que una buena parte del presupuesto nacional se esfume en corrupción, que no es una cosa distinta a ver la plata de los impuestos traducida en fincas, apartamentos, camionetas y lujos suntuarios entre funcionarios delincuentes, sin que nadie haga nada.