Los gobiernos corporativos no son de bolsillo

A finales de 2015, cuando Colombia iba a entrar a la Ocde, decidió poner en marcha necesarias prácticas de buen gobierno en las entidades públicas que garantizaran transparencia a los mercados; fue así como nació una entidad al interior del Ministerio de Hacienda que asumirá la administración de la participación de la Nación en empresas industriales y comerciales del Estado; todos los ministerios entrarían en esta holding que tendría su propia autonomía para que las empresas del Estado sean administradas con la mayor transparencia y la mayor efectividad posible. En el mismo orden se decidió que los ministros ya no harían parte de las juntas directivas para que las empresas estatales o las que tienen participación del gobierno de turno vayan desarrollando sus propios gobiernos corporativos, tal como ocurre en los países desarrollados y miembros fundadores del ‘club de las buenas prácticas’.

Las cosas no han ido bien. Con la salida de los ministros de las juntas directivas de las empresas industriales y comerciales del Estado, el país cumplió las exigencias de la Ocde, pero quedaron muchos cabos sueltos como la presencia de viceministros y de terceras personas designadas por los mismos ministros. De esta manera, las juntas directivas de entidades cruciales para la economía como Ecopetrol, los fondos ganaderos, las empresas productoras y comercializadoras de energía, léase ISA e Isagen y otras 110 compañías oficiales y semi-oficiales en las que participaban los ministros como integrantes de las juntas directivas, aparentemente quedaron sin la influencia política del mandatario de turno. El problema es que esta línea central no ha permeado en las regiones y las empresas también industriales y comerciales de las gobernaciones y las alcaldías siguen a merced de los mandatarios regiones. Las loterías, los bancos de segundo piso, las licoreras, las de servicios públicos o de salud, aún son focos de politiquería. El caso más elocuente es el que está sucediendo en Medellín y Antioquia con EPM, el Idea y la crucial HidroItuango.

Esta semana volvió a explotar un escándalo al interior de EPM que tiene que ver con el tema irresoluto: la injerencia muy directa de la Alcaldía de Medellín en los derroteros de una de las cinco empresas más importantes de Colombia. No ha bastado que el Alcalde de turno de Medellín presida la Junta Directiva, sino que en este momento se pretende manejar las directrices de la alta gerencia de la crucial compañía pública. No sobra recomendarle al Concejo de Medellín y a las fuerzas vivas de la ciudad que avancen en garantizarle a las Empresas Públicas de Medellín un gobierno corporativo libre de presiones políticas que no atente no solo contra la empresa sino contra las subsidiarias, como es el caso de la nueva Afinia, la organización que reemplazó a Electricaribe en el mercado del Caribe. Se debe exigir independencia y un gerente con las mejores competencias gerenciales; al tiempo que un estricto código de buen gobierno que sea auditado y certificado. Empresas de mayoría públicas como EPM, Ecopetrol, GEB, ISA, Banco Agrario y el FNA, entre otras, deben tener gobiernos corporativos probos que garanticen transparencia en sus actuaciones de cara a los mercado en donde son jugadores de primer orden. Si el país central y las regiones deben caminar en transparencia, esta acción debe ser un imperativo.