Los peligros de dejar multiplicar los invasores

No es muy clara y menos contundente aún la posición de los funcionarios de la administración de Gustavo Petro frente a la ola de invasiones y vulneraciones a la propiedad privada que se han desatado desde que el primer gobierno de izquierda llegó a la Casa de Nariño. Con una suerte de patente de corso muchas comunidades indígenas, movimientos de negritudes y organizaciones sociales han avanzado sobre fincas, plantaciones, pequeñas explotaciones agrarias y hasta lotes en las ciudades.

El único mantra mediático sin efecto real alguno que han repetido los ministros y directores de las agencias gubernamentales afectados o responsables de la situación es que los invasores tienen 48 horas para desalojar las propiedades violentadas, otros hablan de un mes, incluso descargan su responsabilidad en los inspectores de policía, que son civiles, y los mismos alcaldes que han hecho oídos sordos a la caótica situación. Quizá la invasión de tierras productivas o improductivas (¿quién lo define?) afecten a unas pocas empresas en ciertas regiones muy particulares del país y menos de un millar de colombianos; pero ante la situación funciona el viejo poema acuñado a Brecht (otros a Niemöller) que reza: “cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista, cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata, cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista, cuando vinieron a buscar a los judíos, no pronuncié palabra, porque yo no era judío, cuando finalmente vinieron a buscarme a mí, no había nadie más que pudiera protestar”.

El caso es que si no se protesta o al menos se pronuncia en defensa de la propiedad privada, cualquiera sea su tamaño, destinación o propietario, se multiplicarán los invasores que creen que las playas públicas son de ellos, los separadores de las autopistas, el espacio público, los parques, las orillas de las carreteras y los ríos, las calles, los parques nacionales, los mismos Cerros Orientales y todos los terrenos de las entidades públicas. Un apartamento de alquiler, bodega o casa en restauración llegará a ser objeto del deseo de “ocupas colombianos” que consideran que sus propietarios tienen más de lo necesario o juzgan con su rasero ético que son cosas improductivas.

Es más: esa laxitud social puede convertirse en la muerte de las aspiraciones de las nuevas generaciones: ¿quién invertiría en una finca, una segunda casa o alguna propiedad distinta a su casa de habitación? Nadie, pues cualquier bien adicional es susceptible de sembrar resentimiento cuando hay líderes acuñando las diferencias sociales como botín político. Es urgente que el Presidente y sus ministros salgan con claridad a plantear sus verdaderos derroteros sobre el tema, ninguno ha sido claro y peor aún, no han actuado como funcionarios responsables de todos los colombianos. El Ministerio de Agricultura debe salir, aclarar y actuar, no dejar vacíos que obliguen a los propietarios a defender lo suyo. Lo otro es dejar de una vez por todas de prometer, asignar y regalar un bien escaso como es la tierra, de acuerdo con la raza; es ilógico que se le prometan tierras a indígenas o negros por el simple hecho de autodefinirse de unas etnias específicas, peor aún en un país lleno de mestizos.