Los retos del ministro Iragorri

El campo colombiano no siempre ha sido la cenicienta de la economía nacional. Hubo un tiempo en que quien ocupaba el Ministerio de Agricultura era algo así como el ‘James Rodríguez’ del Gobierno; roles y funciones que poco a poco se fueron acumulando en la nueva estrella, que sin lugar a discusiones, es el líder de la cartera de Hacienda. Por ese ministerio de la ruralidad han desfilado personajes probos en términos de política de tierras como Juan Camilo Restrepo; de alta formación académica como es el caso del economista más influyente del país, José Antonio Ocampo; grandes reformistas en términos de producción agropecuaria como Gabriel Rosas Vega o Antonio Hernández Gamarra. Pero también cómo dejar de recordar a Carlos Gustavo Cano, un estudioso del campo y ahora codirector del Banco de la República. En pocas palabras han pasado hombres con cuento político y académico.

Ahora llega a la cartera, Aurelio Iragorri Valencia, un abogado javeriano que se convierte en el cuarto ministro de Santos para el campo y en el número 16 desde que se erigió la nueva carta magna en 1991. Hay serios reparos en varios gremios de la producción agropecuaria y cuenta con algunos respaldos por su papel en los paros del agro que se dieron justamente en agosto de hace un año. Su gran fortaleza es lo político y que es el fusible de esta administración; ha estado en la Casa de Nariño, fue gobernador encargado de varios departamentos emproblemados y desde hace muy poco ministro del Interior. Así las cosas, su gran fortaleza es ser un hombre de las entrañas del Gobierno, pero también tendrá el gran poder para reformar el campo.

Tiene bajo su radio de acción unas 12 entidades de influencia directa y cinco más bajo su dependencia constitucional. Pero su máximo poder no solo es presupuestal y burocrático, sino ser un fuerte jugador en los 43 gremios que están asociados a la Sociedad de Agricultores de Colombia. Su primer reto debe ser organizar justamente esa gremialidad que está bajo sospecha de baja representatividad, y muy ligado a ese reto está ordenar los fondos parafiscales del agro que han sido cuidadosamente estudiados por la Contraloría General.

Otro desafío, sin duda, es convertir los resultados del Censo Nacional Agropecuario, la evaluación estadística más importante para la ruralidad colombiana que no se hacía hace 44 años, en un insumo que permita por fin la creación de una política agraria de Estado que responda a las necesidades sociales, económicas y ambientales del campo. En octubre, se conocerá a ciencia cierta  cuántos campesinos tiene el país, qué poseen y qué producen y en noviembre se expondrán las recomendaciones de la Misión Rural. Así que Iragorri deberá garantizar que estas propuestas de grandes proporciones no se queden en el papel.