Editorial
Los temas clave en la agenda de los gremios
miércoles, 11 de noviembre de 2026
El ajuste fiscal, los nuevos impuestos, el incremento del salario mínimo para el Año Nuevo y la creciente ola de inseguridad que recorre al país, son solo algunos temas prioritarios
Editorial
Ojo al dato
La venta de otro porcentaje de Ecopetrol siempre ha estado sobre la mesa, pero
Hace varias décadas, el gobierno de turno, decidió vender un porcentaje de su participación en Ecopetrol. El Congreso de ese entonces, aprobó 20% de las acciones del Estado en la petrolera. Solo se enajenó 10%, el resto no se avanzó y se dejó sobre la mesa de discusión. El tema ha vuelto ahora a la discusión política, en donde habrá un bando partidario de privatizar ese porcentaje ya aprobado, y por quienes votan por preservar en manos del Estado la inmensa mayoría de las acciones.
El arranque del nuevo gobierno ha estado marcado por los diferentes puntos de vista sobre el rol de los gremios de la producción; es decir, aquellos grupos de empresarios unidos por intereses sectoriales, regionales o por la necesidad de facilitar el cabildeo ante los gobiernos locales, departamentales y centrales.
Para el Presidente de la República, e incluso para sus ministros, resulta imposible mantener una agenda particular con cada uno de los miles de empresarios que existen en un país como Colombia. Por lo tanto, agrupar sus intereses y establecer una línea directa de comunicación con el Ejecutivo constituye una de las principales razones de ser de estas asociaciones.
Aunque en Colombia el lobby no está reglamentado, es una actividad política necesaria en una economía de mercado, donde la regulación y la normatividad afectan directamente la actividad empresarial. Además de investigar científicamente el desarrollo de los sectores, elaborar estudios de impacto sobre las políticas públicas y trabajar con las comunidades, sobre los gremios recae la responsabilidad de agenciar los intereses de las empresas que representan ante el gobierno de turno.
No en vano, sus congresos anuales son los puntos de encuentro más importantes de la economía. A lo largo del año pueden celebrarse entre 30 y 40 eventos que marcan la vida pública del país, convirtiéndose en el escenario ideal para escuchar el compromiso gubernamental en materia de impuestos, políticas de exportación, seguridad pública y nuevas ideas que propendan por la disminución de las precariedades sociales.
Al cierre de este año, y a poco más de cien días de haber iniciado el nuevo gobierno, es un imperativo que los gremios, de forma individual o conjunta, ordenen los fundamentos de la economía para el próximo año. No solo deben presentar la prospectiva elaborada por sus centros de investigación, sino también debatir el impacto del ajuste necesario en las finanzas públicas y sus afectaciones en el quehacer empresarial. Sin embargo, lo más importante es visualizar el impacto de los nuevos impuestos en el consumo de los colombianos y en la producción de bienes y servicios.
En este contexto, la discusión sobre el incremento del salario mínimo es primordial. Desde el Consejo Gremial Nacional se eligen unos cuantos representantes para vociferar por los generadores de empleo y los contribuyentes en una negociación que hace tiempo dejó de ser estrictamente económica para convertirse en un pulso político. En pocas palabras, los gremios están llamados, ahora más que nunca, a ser protagonistas de estas tres discusiones (reforma tributaria, ajuste fiscal y salario mínimo) que determinarán no solo el nuevo año, sino el devenir de un gobierno nacional sobre el cual se han depositado altas expectativas de desarrollo. Del compromiso gremial en el debate de la reforma tributaria y el ajuste fiscal dependerá el buen desempeño de la economía en los años venideros.
No se puede caer en el error de mantener un bajo perfil mientras el gobierno propone una reforma impositiva que no compagina con un mayor control del gasto en la administración central. Asimismo, en lo que respecta al salario mínimo, es imperativo que los gremios negociadores no repitan los errores del pasado ni se dejen arrastrar por la pugnacidad histórica de empleadores versus empleados.
Esta es una discusión técnica en la que se debe demostrar -con la evidencia disponible- que un incremento por encima de las variables reales resulta inflacionario, un costo que terminan pagando los 20 millones de familias del país, en especial las de menores ingresos. No debe haber un doble discurso, uno político y otro económico; en materia de incremento salarial se debe acudir a los hechos para demostrar que un alza desmedida no siempre beneficia la capacidad de compra de quienes reciben dicho aumento.