Los trámites innecesarios golpean las empresas

Las quejas y reclamos de empresas y ciudadanos acerca de la tramitomanía se han convertido en una constante que no solo causa malestar y desconfianza frente a los asuntos del Estado, sino que se constituyen en “cargas” económicas ocultas que afectan la productividad y en otros casos estimulan prácticas inconvenientes de comportamiento y de corrupción. Muchas son las actividades y servicios expuestos a ese flagelo con el que los ciudadanos deben sobrevivir con una dosis de inconformidad, pero que no tiene otra salida que la protesta silenciosa, pues se ha llegado a creer que no hay solución y que hace parte inherente de las relaciones con las entidades encargadas.

Los largos y costosos procesos ante la justicia, lo engorroso que resulta hacer un reclamo a una empresa de servicios públicos, los dispendiosos papeleos en las oficinas de tránsito, las difíciles y complicadas relaciones en materia de impuestos en todos los niveles del Estado, la inutilidad de algunos trámites en las notarías y el calvario que deben recorrer los pacientes de la salud, son apenas una muestra de la situación de tramitomanía a la que son sometidos los ciudadanos de todos los niveles y ni hablar de los requerimientos cuando de contratación pública se trata.  Por eso, cuando se aprueban normas para enfrentar el problema por parte del gobierno de turno, incluyendo leyes antitrámites en el Congreso, la credibilidad es muy baja.

Por las características especiales al comprometerse la vida de las personas y la necesaria urgencia que requiere una solución específica, el tema de la salud reviste una importancia mayúscula en cuanto a hacer los procesos sencillos y efectivos, como una especie de compensación frente al sufrimiento y angustia que implican las dificultades mismas de las enfermedades, tanto para los pacientes como para su familia y allegados.

Aunque el tema debió ser solucionado hace mucho tiempo, todo parece indicar que por fin los usuarios de la salud podrán acceder de una manera automática a los medicamentos formulados y que no están incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, gracias a una resolución que acaba con los trámites que debían realizarse y que podían demorar semanas, incluyendo recurrir a acciones de tutela para lograr la entrega de las medicinas. Ahora, este bloqueo de acceso a la salud será suprimido con la aplicación de Mi Prescripción, que rescata la autonomía del médico y elimina Comités Técnicos Científicos de cada EPS que tenían a su cargo la aprobación del suministro. En una etapa de adaptación, los dos mecanismos seguirán operando.