Lustro perdido en la guerra de la inflación

La Constitución dicta que es responsabilidad del Banco de la República y de su junta directiva mantener el poder adquisitivo de los colombianos, que en otras palabras no es distinto al imperativo de controlar el costo de vida, manteniendo bajo control la inflación, pero ese mandato no se ha cumplido desde hace un lustro; la última vez que el Índice de Precios al Consumidor, que mide el Dane, estuvo por debajo de 4% fue en julio de 2021, pocos meses después de haber terminado la pandemia.

Y es que la Junta Directiva del Emisor, compuesta por cinco miembros nombrados por los presidentes en ejercicio, un gerente nombrado por esos codirectores y una presidencia ocupada por el ministro de Hacienda de turno, tiene como techo no pasar de una variación de precios de 4% y un piso de 2%, es decir, que el costo de vida fluctúe para tener unas tasas de interés adecuadas. Cuando la actual administración asumió el poder en agosto de 2022, la inflación ya estaba fuera de madre y el banco central hacía maromas para cumplir el mandato constitucional, imperativo que solo se consigue trabajando de la mano con los ministerios económicos, cuyos decretos y acciones pueden alterar los precios, pues en Colombia hay demasiada intervención del Ejecutivo en la formación de precios: los servicios públicos, el transporte, la educación y el salario mínimo.

Nunca antes, al menos desde la independencia del Banco, las relaciones entre la entidad y el Gobierno Nacional habían sido tan malas, al punto de que el ministro amenazó con no volver a presidir la junta si no se bajaban las tasas de interés al sistema financiero; bravuconada que fue respaldada por el presidente, quien amenazó con volver a subir el salario mínimo si los codirectores no bajaban el costo del dinero en el mercado. Esa guerra fría no se ha decantado y ha dejado un mal sabor sobre la politización de las medidas, pues la junta venía subiendo la tasa a razón de dos puntos en dos meses y, durante la última sesión, frenó en seco y la congeló hasta junio, cuando ya haya un nuevo huésped en la Casa de Nariño.

Este año la inflación puede terminar en 6%, lo que quiere decir que bajar ese porcentaje al marco definido por el Banco de la República puede durar hasta 2027 o 2028, lo que obliga a replantear las metas, pues los objetivos que no se cumplen se vuelven paisaje y se pierde la credibilidad institucional. Colombia debe tener una fórmula para que el costo de vida no se quede entre la disputa de un Emisor que le echa la culpa al Gobierno por los salarios, el transporte o los servicios públicos, y un Ejecutivo que quiere crecer la economía con base en tasas bajas sin importar la formación de precios, la creciente informalidad y el escaso conocimiento de los efectos de las economías subterráneas en toda la ecuación económica.

Que los precios para los 20 millones de familias varíen lo menos posible, y que estas y las empresas disfruten de dinero más barato, no puede ser una ilusión, ni mucho menos se puede perder la confianza en que hay unas autoridades económicas nombradas para que todo funcione mejor. El Gobierno venidero debe nombrar profesionales probos en los ministerios y hacer los cambios pertinentes entre los codirectores del Emisor para que la economía gane y goce de buena reputación, pues la inflación le está ganando la partida a los responsables de ahora.