Más allá de leyes contra los corruptos

Si las leyes y las normas acabaran la corrupción todos los países las seguirían ese camino, ¡claro que sirven! pero también hay que cambiar la cultura

EditorialLR

El martes pasado en el Congreso de la República fue avalada la consulta anticorrupción con 84 votos a favor y 0 en contra, ahora la iniciativa de origen parlamentario está en manos del presidente, Juan Manuel Santos, quien deberá fijar la fecha definitiva en la que se convocará una votación general en todo el país, que debe ser en un plazo no mayor a tres meses. El primer gran logro de los enemigos de esta buena idea es haber retardado el proceso en el Congreso y no hacerlo coincidir con las pasadas elecciones parlamentarias, la primera vuelta y ahora la segunda. Si este movimiento que busca ponerle más normas a las existentes para bajar los altos niveles de corrupción se hubiese sincronizado con este periodo electoral, los costos serían más bajos y la publicidad y los discursos de las campañas habrían llegado a convocar los 12 millones de votos que se necesitan; un caudal electoral enorme que se vuelve confuso, pues hay preguntas en la consulta anticorrupción que tienen nombres propios.

La iniciativa le hará siete preguntas muy polémicas a los colombianos en temas neurálgicos, tales como reducir el sueldo de los congresistas y altos funcionarios del Estado; cárcel a los corruptos; contratación transparente obligatoria; presupuestos públicos con participación ciudadana; los congresistas deberán rendir cuentas de asistencia; publicar los ingresos, y finalmente, máximo tres periodos en corporaciones públicas. Todos temas sustanciales en los cuales radican casi todos los males de la corrupción y en los que no se ha avanzado en los últimos años, pues quienes tienen que sacar adelante estas reformas tienen capturado el Congreso y evitan cambiar las reglas de juego por su propio beneficio.

Ahora bien, es una iniciativa plausible que debe ser respaldada por todas las personas que realmente quieren derrotar la corrupción y cortarla a raíz en beneficio de las nuevas generaciones, pero está claro que con solo leyes y normas no se derrota a los corruptos que son verdaderos delincuentes. Debe haber una mezcla de formas de lucha legal en contra de esas personas amigas de los recursos públicos, que no solo existen en el sector oficial sino que conviven en las empresas que negocian con el Estado, o simplemente pagan impuestos. Está bien la consulta popular, están bien las nuevas leyes, pero el verdadero logro es la sensibilización cultural en torno a la honradez, la ética, el respeto y la importancia de preservar lo público como algo superior. Colombia es un país lleno de leyes y de normas que no se cumplen porque nuestra sociedad ha perdido valores sustanciales que han debilitado las instituciones públicas. Son importantes las leyes, las instituciones y la educación, pero más disruptivo de cara a los colombianos del siglo XXI es que la sociedad formada para los años venideros respete las normas, tenga una mentalidad de trabajo colectivo en donde los intereses individuales se rindan ante los generales, y sobre todo, en la que los bienes públicos no se vean como un botín que reparten los gobernantes a nivel nacional, regional o local. El país necesita de un verdadero giro marcado por el respeto por lo público en el cual los mandatarios que llegan no sean inferiores a las corporaciones que representan. Estamos seguros que a la consulta le queda bastante trabajo por delante para conseguir una docena de millones de votos, pero más seguridad tenemos en que lo importante es sensibilizar sobre el delito que es llevarse los recursos públicos… y privados.

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