Mejorar normas laborales, pero no a la brava

Insistimos en que, tal como está presentada la reforma laboral por parte del Ministerio de Trabajo, puede lesionar seriamente el tejido empresarial, el aporte del sector productivo a la generación de bienestar y el mismo recaudo de impuestos.

La reforma laboral liquida cualquier iniciativa de emprender, generar empleo y crear nuevas empresas, por el simple hecho de que no ha sido concertada con los empresarios, quienes son los que generan empleo, pagan impuestos y tienen una responsabilidad social de grandes transformaciones; además de los gremios, no hay quien defienda a los empresarios de frente en el Congreso.

En el Gobierno Nacional llevan la batuta ideas de izquierda que no tienen en cuenta modelos de negocio modernos y muchos de quienes hablan de trabajo nunca han pagado una nómina. Hacer saltar el recargo dominical de 75% a 100% es ir en contravía de la productividad, la competitividad y la realidad laboral global. Las empresas serán condenadas a trabajar solo cinco o seis días a la semana porque los costos no les dan.

¿De dónde se sacó esa cifra? ¿Por qué no 80%? ¿Dónde están los estudios de sensibilidad econométrica? Es una suerte de pliego de peticiones sindicales, desconoce que la economía está globalizada, no tiene calendario y que hay países con regímenes más flexibles que pueden prestar los mismos servicios y producir las mismas cosas más baratas por dichos costos de mano de obra. Con el trabajo nocturno pasa lo mismo: hoy se paga a partir de las 9:00 p.m. el recargo y no de las 6:00 p.m. como se ha propuesto, la pregunta es dónde están los estudios que argumenten la justificación de motivos.

Dice la reforma laboral de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, que todo salario superior al salario mínimo legal debe ser incrementado en un porcentaje igual al Índice de Precios al Consumidor causado a 31 de diciembre aplicado a partir de 1 de enero de cada año, si bien hay un principio de universalidad en mantener el poder adquisitivo, les desaparece a las oficinas de recursos humanos la posibilidad de negociación y pactos en el largo plazo.

Dice la Ministra que “bajar costos laborales no supera la informalidad ni sube el empleo”, pero de ninguna manera argumenta con estudios serios su afirmación, y de paso lleva al Congreso otras ideas como aumentar las indemnizaciones por despidos de trabajadores sin justa causa en contratos indefinidos, que va en contravía de la necesaria flexibilidad laboral para ser más competitivos en un entorno globalizado.

Con esta reforma, muy popular para las centrales obreras y que desconocen las opiniones de los generadores de empleo, se logrará que la actividad empresarial se deprima y aleja la posibilidad de generar más empleos en un momento en que el desempleo ya casi llega a 3,5 millones de personas.

No hay estudios que sustenten la prohibición de contratar trabajadores bajo el esquema de empresas temporales ni mucho menos sobre los contratos de prestación de servicios para actividades permanentes en las compañías.

La movilidad y competencia en muchos sectores está comprometida y olvida deliberadamente las tendencias globales de emplear a más personas y generar formalidad en una economía que debe pagar pensiones y satisfacer la necesidad básica de salud. Todo está en manos del Congreso que debe ser consciente de que es urgente actualizar el régimen laboral, pero no a la brava como quieren en el Ministerio.