Minas y energía, años de olvido y desprecio

En el Congreso Nacional de Minería que se realiza por estos días en Cartagena se respira un ambiente más fresco que en los años anteriores; no hay incertidumbre, solo se siente la pesada carga de un sector vital para el PIB colombiano que se ha empezado a reconciliar con los mercados y las comunidades. Reza, como adagio popular, que durante la administración de Iván Duque hubo mucho olvido y que no se hicieron las reformas pendientes, ni mucho menos, se reglamentaron los limbos ambientales y jurídicos que tienen capturado al sector que es 1,1% de todo el Producto Interno Bruto colombiano.

Y lo que ha sucedido en los últimos tres años ha sido la crónica de una tragedia anunciada, pues la administración de Gustavo Petro ha sido coherente en su posición sobre el sector, la misma que manifestó cuando solo era un candidato. Fue en un congreso de minería cuando el Gobierno Nacional lanzó su teoría del decrecimiento económico para ayudar a frenar el calentamiento global y contribuir con un mundo más sostenible, teoría que se ha convertido en actuar de los funcionarios que aún hacen política con las licencias previas y tienen frenadas las licencias ambientales que ponen en apuros las exploraciones de petróleo, gas y otros minerales sobre los cuales se soportan las regalías.

Si durante Duque fueron 4 años de olvido, con Petro han sido 3 años de desprecio. Un buen ejemplo de que Colombia nunca se ha visto como un país con un potencial enorme de ser un Estado “extractivamente responsable”, pues siempre cae en el dilema populista de “oro o agua”, “petróleo o ríos” o “mares o gas”; nunca ha habido un plan estratégico minero-energético a largo plazo y solo se ve a los empresarios del sector como unas vacas lecheras o gallinas de los huevos de oro que se cargan con impuestos, la actividad carga con el bulto tributario más alto de la Ocde, casi $80 de cada $100 se van para el Estado en forma de regalías u otras contribuciones.

El actual Gobierno no solo ha despreciado el sector, más no a sus impuestos, y ha permitido en los últimos años, por su baja acción, que la minería ilegal cabalgue sobre los páramos, ríos, bosques y selvas. Los minerales son recursos fundamentales para cumplir con el Acuerdo de París, pero también para impulsar el bienestar de los más de 50 millones de colombianos. No se puede tener oro, cobre, petróleo o gas y vivir en medio de la pobreza; no se puede admirar a Noruega, Canadá o Australia y no copiar de ellos la convivencia y utilización máxima de la extractividad.

Claro que la transición energética es un imperativo, pero ella solo se puede hacer si hay una minería que la patrocine, que brinde recursos y permita pasar a otra fase, tal y como ha sucedido en esos países. Los celulares necesitan cobre y oro, mientras que en el próximo medio siglo se seguirá usando crudo y gas para movilizar las industrias y las sociedades; pretender avanzar en una economía con menor huella de carbono sin usar las economías extractivas es una autentica miopía.

Estos tres últimos años han sido afortunados para la minería porque son las mismas comunidades las que se han reconciliado con la economía que las ha visto crecer, solo piden mayores inversiones, más compromiso con las regiones, pero mucha más disminución de todas las precariedades de los pueblos protagonistas.