Ministros, entre citaciones y mociones

Desde hace más de una década, La República realiza una Encuesta Empresarial semestral para conocer la percepción que tienen los líderes del sector productivo sobre los ministros de turno. El ejercicio se viene realizando desde la primera administración de Juan Manuel Santos y ha servido para conocer de cerca la ejecución y la rotación de los jefes de las distintas carteras. Durante el gobierno de Abelardo de la Espriella se seguirá haciendo la misma tarea: preguntarle a más de 500 empresarios la calificación que le pondrán a cada uno de esos funcionarios.

Por ahora, los nombres del nuevo gabinete han sido bien recibidos en casi todos los sectores, y el peso de la buena gestión gana terreno, pues la administración saliente nombró a 65 ministros y 140 viceministros de muy mala calificación por parte de los empresarios, no solo por su baja ejecución, sino por las pocas políticas públicas llevadas a cabo para recuperar la economía.

De los 18 ministros nombrados por De la Espriella, la mayoría no ha ejercido como tal en otras administraciones; hay varios políticos tradicionales, senadores, representantes o exfuncionarios, y algunas novedades que claramente cotizan al alza. Lo primero con lo que tendrán que lidiar será con los mecanismos de control político, fiscal, disciplinario y judicial para garantizar la transparencia y el equilibrio de poderes.

Todos los colombianos que han sido ministros se quejan de que el grueso de su tiempo útil se dedica a atender al Legislativo, que ejerce sobre ellos una presión enorme para mantener vivos los pecados de la burocracia y los contratos públicos. El llamado control político -por parte del Congreso de la República- se ejerce sobre los actos del gobierno a través de citaciones y debates; los congresistas pueden requerir la presencia de los ministros para responder cuestionarios sobre su gestión o políticas.

Si las cosas se ponen candentes y la oposición los desestabiliza, existe la moción de censura, mecanismo mediante el cual el Congreso puede reprobar a un ministro por asuntos relacionados con su cargo. Si la mayoría lo aprueba, el ministro queda obligado a renunciar, situación que no ha sucedido aún, a pesar de la baja gestión, por ejemplo, de los ministros salientes.

También hay audiencias públicas y requerimientos mediante los cuales se hace seguimiento continuo a las funciones y ejecución de la administración pública. Ya el control fiscal -control posterior y selectivo- lo hará la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal y el buen uso de los bienes y recursos públicos administrados por cada ministerio. La Procuraduría General de la Nación se encarga de investigar, vigilar y sancionar el comportamiento de los servidores públicos cuando incumplen sus deberes o incurren en faltas disciplinarias, y los ministros son pieza fundamental de dicho ejercicio.

La Corte Suprema de Justicia es la encargada de investigar y juzgar penalmente a los ministros cuando cometen delitos en el ejercicio de sus funciones o en relación con ellas. Toda una suerte de mecanismos a la mano de la democracia y la justicia para que los ministros hagan una buena gestión y logren sortear en el Congreso su papel en cada sector. Por ahora, el gobierno nacional entrante no ha eliminado ni fusionado ministerios como lo prometió en campaña, algo que queda como pendiente y que quizás no se dé en este momento de la historia.