Ni la inflación ni el crecimiento se decretan

La revisión del alza del salario mínimo para 2026, ordenada por el Consejo de Estado, fue un auténtico disparo al aire. Los empresarios decidieron mantener el ajuste decretado por el Ejecutivo en diciembre pasado y el Gobierno Nacional volvió a expedir el decreto con la misma alza. En la práctica, el episodio demostró que el alto tribunal actuó de manera tardía, sin olfatear la coyuntura política y económica del país. Algo similar podría ocurrir con la Corte Constitucional, que mantiene el sistema pensional en el limbo.

Sus decisiones parecen provenir de otra realidad: los tiempos de la justicia constitucional avanzan con un desfase preocupante frente a un mundo que hoy se mueve al ritmo de la inteligencia artificial y de cambios económicos acelerados. Ciertamente, cada caso, cada demanda y cada acción deben estudiarse con rigor, pero no pueden resolverse con tal lentitud en un cambio de época donde la oportunidad de las decisiones también importa.

El inédito episodio del Consejo de Estado y el alza del salario mínimo quedará fijado en la memoria tripartita que cada año estudia estos ajustes. Se convierte en un precedente relevante, haya o no acuerdo entre las partes, pues deja la sensación de que el gobierno de turno terminará decretando lo que considere conveniente. En ese cruce de decisiones, tanto el Ejecutivo como el alto tribunal parecen olvidar un principio elemental: el costo de vida no se decreta. Es el resultado de múltiples condiciones y externalidades -incluido el clima- que inciden sobre los precios.

Lo que sí golpea de frente las expectativas inflacionarias es el ingreso de las personas y las indexaciones anacrónicas que el Congreso y el Ejecutivo siguen atando al salario mínimo y a la inflación. Nadie ganó con el insuceso del alza ni con su revisión judicial. En cambio, cerca de 14 millones de familias sí perdieron, porque entre el año pasado y los meses que van de este año la inflación ya va en 5,3%, cuando debería estar más cerca de 4%. Así como la inflación no se decreta, el crecimiento económico tampoco. Este depende de una alineación de factores: seguridad jurídica, tasas de interés bajas, optimismo sobre el rumbo nacional, políticas públicas orientadas a la reactivación y una comprensión adecuada de los ciclos económicos, en los que las acciones contracíclicas cumplen un papel determinante.

Este Gobierno pasó sus cuatro años intentando demostrar teorías keynesianas e ideas de Mazzucato, en las que el eje central del crecimiento es el Estado y no el sector productivo. A esa apuesta se aferró con terquedad. El empleo generado ha sido, en buena parte, de mala calidad: contratos estatales y obras sin una luz clara al final del túnel. La mejor prueba es que la informalidad sigue siendo el principal dolor de cabeza del recaudo. Sus bajos montos son la prueba ácida de que un crecimiento de 2,6% no solo es mediocre, sino que tampoco genera más impuestos y, peor aún, profundiza una economía signada por la informalidad.

Quienes aspiran a llevar las riendas del país hasta 2030 deben entender que la inflación es el resultado de políticas alineadas entre el sector productivo, el Emisor y el Ejecutivo, mientras que el crecimiento debe asumirse como un propósito nacional. Colombia es un país de regiones interconectadas, con un centro que, por obra y gracia de cada gobierno, sigue actuando de manera excesivamente centralista, en contravía del espíritu de la Constitución que apostaba por las regiones.

Bogotá representa apenas una cuarta parte de la economía, pero los gobiernos de turno aún creen que las tres cuartas partes restantes dependen exclusivamente de lo que se decida en la Casa de Nariño.