No desgastar el derecho legítimo a protestar

El actual Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, completa 485 días al frente de los destinos del país, tiempo durante el cual se han convocado una suerte de huelgas, marchas, protestas y paros por un total de 239 días, lo que quiere decir que cada dos días la economía, la política y la sociedad en general, tiene que participar activa o pasivamente en una jornada que trastorna la cotidianidad. Por supuesto, empleados formales e informales, comerciantes, transportadores y todos los colombianos que derivan su sustento del sector servicios ven cómo sus ingresos y productividad se ven afectados por las constantes marchas, que si bien son un derecho constitucional legítimo, también hacen parte de una estrategia para afectar la estructura fundamental de las ciudades, tales como el sistema de transporte, las carreteras de suministros y sobretodo generan pánico e incertidumbre, sensaciones que se experimentan en la no asistencia o llegada tarde al trabajo, a las universidades o a los colegios. Traumatizar el libre transcurso de las cosas es uno de los objetivos que se logra con facilidad y que sumados los días le pasan la factura a la economía.

La paradoja es que en los variopintos pliegos de peticiones hechas al Gobierno Nacional, hay desde políticas en contra del calentamiento global, hasta la eliminación de impuestos básicos como el IVA; el punto es que para satisfacer muchas justificadas demandas ciudadanas, debe haber un Estado boyante en lo económico para poder hacer inversión social. La cuenta es muy básica: el presupuesto general de la Nación es de sólo $271 billones, dinero que sale del pago de impuestos por $158 billones. Los $113 billones restantes vienen de los dividendos de entidades como Ecopetrol y el Banco de la República.

Claramente es un presupuesto muy apretado porque hay que pagar $54,5 billones a la deuda externa. Pero lo que más genera distorsión es que para la educación que tanto se reclama se destinan $44 billones y solo para el pago de pensiones otros $43 billones. Son cuenta que no dan y el cada Gobierno de turno debe hacer una reforma tributaria para poder obtener más recursos ante las apremiantes necesidades. Claro que se necesita la reivindicación social para equilibrar las cargas, pero es más necesaria la sensatez y dejar trabajar a una administración legítima y elegida por la mayoría de los colombianos en las urnas.

Colombia amerita cambios estructurales en materia de impuestos para que haya menos evasión y exenciones y que todos los colombianos declaren rentas (no quiere decir que paguen impuestos) para que hayan más recursos y subsidios mejor focalizados, pues nadie habla durante las protestas de los beneficios de Familias en Acción, el Sisbén, el subsidios a los servicios públicos de los estratos 2,3 y 4 y la cantidad de fondos para la estabilización de algunos productos agropecuarios.

Las marchas y protestas bien encaminadas, con un foco claro y preciso logran grandes resultados, pero la abundancia de protestas -muchas sin sentido e incoherentes- destruyen una herramienta preciosa de las democracias que pueden lograr grandes reformas. Así lo demuestran las mermadas cifras de los asistentes a las convocatorias en las distintas ciudades que han ido cayendo sin mayores avances ni logros que la muerte injusta de jóvenes.