Otra ley inútil: La Ley de Garantías

Juan Manuel Santos, nuestro mandatario de turno, tiene razón al plantear que “la Ley de Garantías no puede impedir que el Presidente siga ejerciendo la Presidencia de la República. Sería absurdo y contraproducente. El país sufriría un deterioro enorme donde simple y llanamente diga (la ley) que el Presidente no puede volver a hacer nada porque está en campaña si es que el Presidente decide irse a la campaña”. Es absolutamente absurdo que, tal como lo afirma la Procuraduría, “los alcaldes, gobernadores y demás autoridades del mismo nivel no pueden celebrar convenios interadministrativos con el Gobierno para la adquisición de viviendas que se ejecuten en proyectos promovidos, gestionados o construidos por entidades territoriales, centralizadas o descentralizadas”.

La norma parte de la desconfianza en un país que quiere romper con el pasado corrupto, ser más competitivo, eficiente y transparente. Los periodos de mandato de los funcionarios elegidos democráticamente son muy cortos y esos cuatro años se van muy rápido entre hacer planes de desarrollo, armar coaliciones de gobiernos, estructurar licitaciones y empezar a empujar a los contratistas para que entreguen de acuerdo con los cronogramas previstos. Pero para más obstáculos, existe una Ley de Garantías que le pone freno a la materialización de políticas públicas, justamente en momentos en que se deben entregar obras.

Y más absurdo es que el meollo de la polémica esté en las inauguraciones. Todo un contrasentido pues a todos los gobernantes los medios de comunicación y sus electores les piden que ejecuten, que se vean sus gobiernos. Suenan graciosas las palabras de la Procuraduría cuando plantea que “está prohibida la inauguración de obras públicas, es decir, ningún gobernante podrá hacer la entrega de viviendas, ni efectuar los sorteos para la entrega de subsidios o realizar las convocatorias de los proyectos que se ejecutan en el marco del programa de vivienda gratuita, realizando actos inaugurales que puedan confundirse con actividades de tipo proselitista o clientelista, ya que con ello se puede viciar la voluntad del elector”.

Entre las leyes inútiles debe listarse la Ley de Garantías que frena el desarrollo del país, de los municipios y los departamentos. Es una norma que hay que modificar para que los gobernantes verdaderamente trabajen de sol a sol, o mejor 7/24 para sus comunidades. A muchas empresas contratistas con los gobiernos se les paga con base en cronogramas que se hacen cumplir legalmente, pero la norma obsoleta se presta para otras interpretaciones. Lo que debe hacer la Procuraduría es mirar con buena lupa a los funcionarios que ‘viven en Ley de Garantías’, es decir que nunca hacen nada.