Otras soluciones estructurales para La Guajira

El Gobierno Nacional está obligando a que una buena parte de las familias colombianas de mayores ingresos paguen más dinero en su factura mensual de electricidad para construir infraestructura energética en La Guajira.

Claramente es un nuevo microimpuesto silencioso basado en el eufemismo ideologizado de “quitarles a los ricos para darles a los pobres”, una supuesta teoría de equidad aplicada con facilismo y populismo que no se notará en la práctica pues no son más de $1.000, pero que deja un nuevo mal precedente.

No se trata de falta de solidaridad o empatía, lo que sucede es que vuelve y juega la misma solución de cargarle a los demás colombianos las fallas estructurales de las corporaciones de la región Caribe.

No se puede olvidar que los políticos de los departamentos caribeños han logrado a lo largo de la historia dos nacionalizaciones y consecuentes privatizaciones de su servicio eléctrico: una en tiempos de Corelca y las sepultadas electrificadoras durante el apagón de 1992; y otra más reciente, con la intervención de Electricaribe, proceso que está en tribunales de arbitramento demandado por la empresa española que fue prácticamente expropiada por su pésimo servicio, pero ese es otro cuento.

Ya los colombianos están pagando esa factura de la crisis del crónico servicio eléctrico en la región, siempre aplican una fórmula que no se agota desde el Ministerio de Minas y la Casa de Nariño y que ahora se vuelve a aplicar para resolverle problemas estructurales a la desorganizada Guajira, uno de los departamentos más bellos y con mayores posibilidades en energías renovables y en la minería.

El PIB departamental en precios corrientes es de $22 billones y representa 1,5 puntos porcentuales del total nacional. La Guajira es tan aportante al PIB colombiano como Caldas, Risaralda o Cauca, y no crece más porque no se enfocan las estructuras gremiales, sociales, académicas y políticas en ello. Es un departamento capturado por la corrupción, por las comunidades que con sus reivindicaciones exageradas extorsionan a los inversionistas, que deben dejar tirados los proyectos energéticos.

La verdadera razón de la frustración de los parques eólicos en ese departamento fue el complicado manejo de las comunidades y la inseguridad reinante. Las terribles consultas previas y sus pliegos de peticiones cansaron a inversionistas portugueses, españoles e italianos, y las empresas locales como Celsia y EPM también quieren tirar la toalla, pues la situación es poco más que inmanejable.

El turismo es casi imposible de monetizar, las playas, desiertos y exóticos paisajes son casi perdidos para el turismo nacional y extranjero por la inseguridad y la falta de infraestructura adecuada. Es un gran productor de carbón, sal marina y gas, recibe regalías, pero no se ven las obras; sus alcaldes terminan presos y los gobernadores tienen la misma suerte o viven empapelados por malos manejos.

Según el Informe 2022 al Congreso de la Junta del Banco de la República, el PIB real de La Guajira creció 32,5% en 2021 y fue el departamento de mayor expansión económica durante el año pasado, pero nada de eso notan las personas que lo habitan porque tiene una clase dirigente extractiva. Al oído del Ministerio de Minas y del mismo Gobierno Nacional, los problemas de La Guajira no se solucionan subsidiando a sus habitantes, hay que trabajar con las nuevas generaciones más educadas y ayudar a cambiar liderazgos.