¿Para cuándo el ahorro fiscal del Gobierno?

Si la administración de Iván Duque quiere que la Ley de Financiamiento que preparar para antes de final del año, vaya sobre rieles en sus discusiones en el Congreso, y mejor aún sea aceptada en la opinión pública, debe apurar una plan ambicioso para reducir los cuantiosos gastos de funcionamiento del Estado, pues no se puede olvidar que gran parte del Presupuesto General de la Nación se destina a este rubro, casi $160 billones de un total de $259 billones. Durante la última campaña presidencial se atacó a la administración saliente de ser “derrochona”, de haberse inventado toda una suerte de agencias y nuevas dependencias que en nada le aportan a la competitividad del país, pero pasados 70 días de nuevo gobierno, no hay un plan de austeridad sobre la mesa, menos aún se ha tocado el tema del ahorro central y menos aún se ha dejado de hacer nombramientos en las oficinas públicas que sobran o se pisan las funciones con los ministerios o direcciones. No es un gran anuncio decir que hay muchos gastos inoficiosos y que el nuevo gobierno debe hacer algo grande para enviar un mensaje de ahorro a los colombianos, pero sí es una necesidad latente, pues el dinero no alcanza para tanta promesa y buenas intenciones.

El Gobierno recibió el pasado 7 de agosto una economía más estabilizada y en proceso de plena recuperación, gracias a la disparada de los precios del petróleo, una baja inflación y unas tasas de interés con tendencia a la baja, entre otros factores de optimismo. Y así las cosas, el nuevo gobierno debe lograr que el déficit fiscal sea 3,1% y 2,4% del PIB, respectivamente para 2018 y 2019, para que las cuentas nacionales se mantengan relativamente holgadas, para ello los ingresos como los gastos deben estar alineados con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. La meta de recaudo de la Dian para 2018, fue establecida hace un año y fue fijada en $135 billones, cifra que no se logrará este año sino el próximo gracias al recaudo petrolero; la renta crecerá 44,3%, el timbre 15,3%, los aranceles 14,5% y el 4x1.000 13,9%. Pero a pesar de estos buenos datos, el gasto de funcionamiento puede subir 18% del PIB, unos $180,5 billones. Dadas estas cifras el asunto del ahorro es una urgencia en lo fiscal, pero más aún en términos de opinión pública. Además de los grandes ahorros, como la eliminación de agencias y otras oficinas sin mucho oficio, se debe hacer un plan de ahorro entre los funcionarios públicos y sus gastos desmesurados en desplazamientos o quizá en la devolución o legalización de los viáticos. Es impresentable que los ministros sigan viajando con séquitos de asesores a todas partes, así como también que el Estado siga pagando carros, escoltas y gasolina a muchos exfuncionarios que dejaron sus cargos hace años.

Hay mucha tela de donde cortar; hay muchos gastos que se pueden eliminar, pero para eso debe haber voluntad política para hacer eficiente el gasto público. Ahora estamos en temporada de paros de estudiantes y de profesores, pero más adelante vienen los de los camioneros, los campesinos, los indígenas, las madres comunitarias, los cafeteros y todas las fuerzas sociales que han aprendido a ablandar al Gobierno con marchas, paros y protestas. El presupuesto nacional no es de caucho, no se puede extender hasta donde las protestas deseen, pero para generar sensibilidad por estos temas, primero hay que dar ejemplo en el ahorro del dinero público.