Petróleo a más de US$100 y Roa en problemas

El pasado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel atacaron Irán y asesinaron a Alí Jameneí, solo 32 días después de que fuerzas especiales capturaran al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, el 3 de enero del año en curso. Es fácil escribirlo, oírlo y hasta verlo, pero difícil comprender y explicar el rumbo que está tomando el mercado energético mundial con epicentro en los precios del petróleo y el gas.

Como van las cosas, el barril de petróleo WTI, la referencia para el Golfo de México, va a cerrar el primer trimestre muy cerca de los US$100, mientras que el Brent -referencia del Mar del Norte- que es el que vende Ecopetrol al mercado global, subirá por encima de los US$115. El precio del gas se disparó 25%, hasta tocar los US$65 por megavatio‑hora, luego de ataques contra refinerías en Qatar, después de que Israel bombardeara uno de sus más importantes yacimientos, el campo de South Pars.

Los precios del gas -de alto impacto para las finanzas de las familias- tienen muchas variaciones en todo el mundo; no obstante, son precios interconectados máxime cuando países como Colombia han decidido importar el combustible más que reforzar la extracción interna. La actual coyuntura mundial es absolutamente bipolar para la economía colombiana: por un lado, se puede respirar con tranquilidad por los altos precios del petróleo, dado que Ecopetrol es el pilar de la economía colombiana y bastión de las finanzas públicas, y por cada dólar que sube el barril a la estatal mixta le entran casi $5.000 millones; pero, por el lado oscuro, la economía demanda gas importado que también experimenta precios altos.

El mayor problema en esta coyuntura es que el presidente de la estatal, Ricardo Roa -quien enfrenta imputación de cargos por presunto tráfico de influencias relacionado con la compra de un apartamento y está en medio de investigaciones por violación de topes electorales- está inmerso en escandalosos problemas legales que empañan su gestión y le restan capacidad para actuar de cara a las necesidades del país, justamente en medio de la mayor crisis de precios del petróleo y el gas que se recuerda. La Unión Sindical Obrera, sindicato poderoso dentro de la compañía, ha pedido que se aparte del cargo mientras se aclara su situación, a menos de 150 días para que termine este gobierno.

En estos casos, esos problemas se subsanarían si el gobierno corporativo funcionara, si fuera el fundamental de la empresa más importante de Colombia: un esquema en el que el éxito y la sostenibilidad de la empresa graviten en protocolos creíbles para los inversores, pues Ecopetrol es una acción de alta bursatilidad en el mercado secundario local y un ADR en Wall Street. Es el gobierno corporativo el que debe regular las relaciones entre accionistas y directivos, una manera de institucionalizar la toma de decisiones y aumentar la transparencia.

El desempeño financiero, la reputación, la gestión de riesgos y la confianza en los mercados dependen de la junta directiva, la presidencia y, por supuesto, la alta gerencia de la compañía. Hay mecanismos para que Ecopetrol enfrente el contexto local e internacional, sí y solo si el gobierno corporativo toma cartas en el asunto, de tal manera que los escándalos del CEO no perjudiquen a los tenedores de acciones y, peor aún, los intereses de las arcas nacionales; pues el Estado, al ser el mayor accionista, es el más interesado en que Ecopetrol sea su inversión más rentable en estos momentos.