¿Por qué los ojos ciegos con el gota a gota?

En un país en donde abundan los economistas y las facultades de economía, es paradójico que no existan investigaciones científicas, socioculturales o financieras recientes o actualizadas sobre el fenómeno nacional del gota a gota. Es como si a nadie le importara que las plazas de mercado y el comercio popular en pueblos y ciudades estén inundado de prestamistas de dudosa reputación y con métodos violentos solucionando el problema de acceso al crédito a personas que salen a ganarse el día con negocios informales.

¿Cómo operan? Un delincuente con dinero mal habido fruto del narcotráfico o la extorsión contrata dos o cuatro trabajadores a quienes les entrega montos de dinero para que los coloquen en ciertos sectores populares; ese dinero se presta a vendedores ambulantes, amas de casa, trabajadores informales, vendedores con puestos en plazas de mercado, entre muchos otros.

Les entregan sumas de dinero menores a $500.000, $1 millón hasta $2 o $3 millones, a intereses diarios de hasta 50%; de tal manera que los cobradores pasan en la tarde solo por los intereses del día, es decir, casi la utilidad del negocio; nunca cobran el capital prestado sino hasta que se dan cuenta de que el deudor está ahogado por las deudas. Sus mecanismos de cobro son violentos, al punto que en la costa Caribe se les conozca como “puya ojos”.

Esos mismos gota a gota alquilan esquinas o andenes en las calles y parques, tienen una economía popular capturada y circular sin que nadie haga nada, en muchas ciudades al abrigo de los mandatarios locales o de las autoridades que se hacen los de la vista gorda.

Mucho del dinero que manejan estos inescrupulosos se deriva del narcotráfico, por eso esta modalidad de delito se ha exportado a países como Ecuador, Perú, Bolivia y toda Centroamérica, con el mismo mecanismo modus operandi. Según cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el exterior hay 537 colombianos condenados por delitos relacionados con este fenómeno, de los cuales 478 son hombres y 59 son mujeres.

Ninguna autoridad en Colombia dijo nada cuando el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, dio un ultimátum a los colombianos que se encontraban delinquiendo en esa país, pues no es legal dedicarse a realizar préstamos con tasas exorbitantes. Ni Fiscalía ni Policía pareciesen preocuparse por nada de esto. Y el enfoque no es que el sector financiero le compita al lavado de activos en tasas de préstamo, es que el Estado combata el delito y la banca oficial tenga un plan para atender el acceso a crédito.

Ya la alta informalidad que experimenta la economía es un problema para los focos de delincuencia, pero agitada por acceso a crédito violento y usurero por lavadores de activos es distinto y agrava la situación en algunos sectores muy vulnerables. En la bancarización bien entendida puede estar la solución al problema, pero no bajo la fórmula de entregar dinero plástico o registrar en las bases de datos a los cuentahabientes, sino vinculando algún tipo de préstamo a un número celular y a una forma de pago más presencial.

Las redes de WhatsApp, las páginas de internet y el uso del social media en su máxima expresión es una ventana a la solución del gota a gota, pero para avanzar el Gobierno Nacional debe entender la naturaleza del problema de seguridad que pulula en el comercio. Y esto no ha llegado a las esferas de decisión porque nadie hace estudios sobre el tema.