¿Por qué no hay nadie en la cárcel?

¿Qué tienen en común los casos de Saludcoop, Proyectar, Factor Group e Interbolsa? Primero que son delitos altamente sofisticados, que dejaron a muchas personas damnificadas, que tienen millonarias demandas de los usuarios perjudicados y que son sinónimos modernos de corrupción privada. Pero el cordón umbilical que une todos los casos anteriores es que ninguno de los responsables está en la cárcel y que hay cientos de personas pidiendo una justicia que está tardando demasiado.

El trabajo de las entidades de control y vigilancia ha sido buena en términos de desmantelar las telarañas de corrupción y darle aviso a la justicia ordinaria. El punto de debate es si esa intervención fue oportuna o llegó de manera tardía perjudicando a miles de colombianos que confiaron en empresas legalmente constituidas y vigiladas. Lo que son las superintendencias de Industria, de Sociedades, más la Contraloría, y en algunos casos la Procuraduría, han estado en la jugada de los hechos, pero a la hora de armar los procesos probatorios que dicten medidas de aseguramiento en la Fiscalía, casi todos los procesos se han derrumbado y los protagonistas siguen entre Bogotá y Miami sin que ninguna autoridad competente los declare peligrosos para la sociedad.

Aún no hay nadie en la cárcel por los aparentes delitos cometidos en todas esas tramas financieras. Y aquí la palabra ‘aún’ es necesaria porque se guarda la esperanza de que las autoridades de control y vigilancia trabajen al lado de la Fiscalía para que puedan identificarse y castigarse a todos los culpables de esas conductas corporativas irregulares. ¿Por qué no hay nadie en la cárcel? La respuesta a la pregunta es casi imposible de darla con certeza, pues hay una serie de argumentaciones jurídicas que impiden que los ‘caballeros de industria’ de marras estén tras la rejas. 

Y bien es complicado que los cuenta habientes, los ahorradores, los inversionistas o los simples ciudadanos bien intencionados con un dinero para guardar en condiciones de rentabilidad, vuelvan a confiar en promesas de grandes utilidades a la sombra de la dirección de impuestos, ese no debe ser el castigo. Los delitos asociados a la captación ilegal de recursos son cíclicos, se repiten cada dos o tres años sin que las autoridades puedan hacer algo estructural para descubrir las mil facetas del vieja ‘esquema Ponzi’.

Es una trama que tiene más preguntas e incertidumbres que respuestas. ¿Hasta cuándo los colombianos siguen siendo presa fácil de estafadores de cuello blanco que no solo desaparecen el dinero confiado a sus empresas, sino que se burlan de las autoridades? La seguridad al inversor no solo deben ser para las multinacionales, los colombianos también merecen acción concreta de las autoridades frente a estas situaciones.