¿Qué va a pasar con el sistema de salud?

El presidente Gustavo Petro ya había vivido este episodio de la salud, pero con las basuras cuando era alcalde de Bogotá. La moraleja es que el cambio por el cambio no justifica las acciones gubernamentales.

Durante su alcaldía, el Presidente decidió reinventar el sistema de recolección de basuras, sacando a sombrerazos a las empresas que tenían licitados los distintos sectores de la ciudad; en pocos días la capital colapsó en una inédita crisis en la recolección, y a la postre, tuvo que buscar a los mismos empresarios para que le solucionaran el problema por él generado.

Con la salud está sucediendo casi lo mismo. Colombia contaba con un sistema general de salud en donde competían empresas prestadoras de salud, dos regímenes de afiliación y una gran cantidad de instituciones prestadoras de salud.

Con la llegada del “gobierno del cambio”, aceleraron un modelo de salud a través de un proyecto de ley que estatizaba el sistema y concentraba los pagos a todos los actores en una sola entidad. El proyecto de ley sucumbió en el Congreso, pero las autoridades de la salud pública asfixiaron financieramente a los jugadores, en un mercado de libre competencia, pero dependiente de los pagos del Estado.

Con el paso de los días, no solo se intervinieron EPS de la talla de Sanitas, sino que otras mixtas como Compensar entregaron su participación en el sistema. Las EPS de las cajas de compensación se debilitaron y Nueva EPS, también de un colectivo de cajas, se configuró como una “mega EPS” que sumó los restos de casi todo el sistema.

Hace un año que las EPS Sura, Sanitas y Compensar habían advertido de la crisis financiera que afrontaban, con origen en una siniestralidad desbordada, pérdidas acumuladas, descapitalización, descalce de sus reservas técnicas y una deuda creciente con prestadores, tal como lo respalda su gremio.

“La principal causa estaba relacionada con la insuficiencia de la prima reconocida por la Nación. Ha pasado un año y no se tomó ninguna acción concreta que hiciera corregir el rumbo. Al contrario, el ajuste de la UPC impuso mayores cargas a las EPS y destinó crecientes recursos a fines distintos a la atención en salud de la población”, y allí fue Troya, el sistema como se había conocido y forjado durante tres décadas había colapsado.

Sura ha sido la última EPS -con más de cinco millones de afiliados- en subirse al tren de la estatización y entregarle sus afiliados al Gobierno. La EPS del Grupo Empresarial Antioqueño ya solicitó un plan de desmonte progresivo, que debe ser aprobado por la Superintendencia de Salud y debe surtirse en 65 días, tiempo en el que se sabrá a dónde irán a parar los afiliados.

Entre tanto, los colombianos con capacidad de pagar una póliza de salud o medicina prepagada como se le conoce, no corren riesgos porque es un negocio que florece y mejora con el paso de los años; lo malo es que el dinero que descuentan a los trabajadores para su servicio de salud no se sabe aún donde irá a parar, pues las llamadas EPS son un servicio que quedó en manos del Gobierno, sin mucha experiencia en el manejo de este tipo de situaciones.

Puede sucederle al Presidente, al Ministro de Salud y al mismo Superintendente que deban acudir a los empresarios de las EPS, y las cajas de compensación, para que les ayuden a resolver un grave problema, pues ahora no se juega con basura, sino con la salud de los colombianos.