Receta del FMI que debe empezar a socializarse

Diario La República · Receta del FMI que debe empezar a socializarse

El año pasado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) planteó una serie de medidas fiscales para Colombia que permitirían elevar los ingresos públicos entre 2026 y 2028. Según sus estimaciones, el conjunto de estas propuestas tendría un impacto total equivalente a 1,2% del PIB en 2026, a 2,2% en 2027 y a 3,2% en 2028. Esta receta cobra especial validez ahora que se sabe que el déficit fiscal superará 7% y que la adopción de un programa crediticio vinculado a la banca multilateral se hace indispensable.

El recorte del gasto público tiene un límite y puede perjudicar la inversión social en un país donde habitan 15 millones de personas en condiciones de pobreza, de las cuales cinco millones se encuentran en la miseria. Si bien la inversión social puede ajustarse, sus márgenes son estrechos debido a los numerosos compromisos adquiridos de antemano. De ahí que la venta de activos improductivos del Estado se convierta en un camino viable para mitigar la crisis. Al mismo tiempo, el aumento de los impuestos será una realidad en los próximos meses, sobre todo considerando que la última reforma tributaria estructural ocurrió en 2022, un factor que ha generado gran parte del actual desbalance fiscal.

En el memorando del año pasado, el FMI propuso reducir las exenciones del IVA y disminuir los umbrales de minimis para las importaciones. Esto significa, en la práctica, endurecer los impuestos a las compras a través de plataformas de comercio electrónico internacionales, una medida que tendría un resultado estimado de 0,1% del PIB en 2026, 0,3% en 2027 y 0,5% en 2028. Esta acción debería ser implementada por la Dian incluso sin la sugerencia del FMI, pues buena parte de esta mercancía no solo evade impuestos, sino que entra por contrabando, golpeando directamente a las pequeñas empresas, a la manufactura local y a los emprendimientos que generan empleo formal.

La segunda acción reseñada por el FMI tiene que ver con el creciente negocio de las apuestas en línea, las cuales evaden cargas impositivas bajo la fachada de un supuesto alto impacto fiscal. El hecho de que muchas de estas empresas digitales sean las principales patrocinadoras de campañas políticas a la Cámara y al Senado explica, en gran medida, por qué siempre logran eximirse de tributar.

Resulta inexplicable que los licores y los cigarrillos -sustancias de adicción comprobada y dañinas para la salud- carguen con altos impuestos, mientras que la ludopatía digital siempre se sale con la suya. Solo estos dos gravámenes -el de los envíos de minimis y el de las apuestas electrónicas- representarían cerca de $10 billones anuales a partir de 2027.

Lo mejor de esta alternativa es que no afectaría a los trabajadores formales ni a las empresas que generan empleo, quienes históricamente han cargado con el grueso de las reformas tributarias. Lo más seguro es que el gobierno nacional y el FMI acuerden un programa de préstamos para salir del atolladero fiscal. Este acuerdo probablemente incluirá una reforma tributaria que castigará a los contribuyentes de siempre -aquellos que carecen de representación en el Congreso-, dejando nuevamente agazapados a los evasores y contrabandistas.

A solo dos meses de haberse posesionado el nuevo gobierno, el problema fiscal sigue siendo un monstruo de mil cabezas que atormenta a los empresarios; nadie sabe con certeza qué directrices surgirán de un programa con la banca multilateral y sus recomendaciones vinculantes para otorgar el millonario préstamo que rescate al Estado del déficit en el que lo dejó la administración anterior.

En conclusión, el problema actual de la economía colombiana debe solucionarse en dos frentes: el déficit fiscal, bajo la estricta gestión del Ministerio de Hacienda, y el crecimiento, que ha de ser responsabilidad de las demás carteras y articularse a través del Plan Nacional de Desarrollo como la hoja de ruta definitiva.