Reforzar acciones para los últimos cinco meses

Un poco más de cinco meses le quedan al presidente, Iván Duque, en el gobierno de Colombia, tiempo suficiente para dejar estabilizado el país en el tema más crucial para el bienestar de la economía: el orden público.

Durante las últimas semanas, el enfrentamiento entre facciones o grupos de narcotraficantes vinculados a residuos de las guerrillas desmovilizadas, más el avance sobre regiones no tradicionales de históricos grupos como el ELN, han llevado a los empresarios, gobernantes locales y regionales, a pedirle al Ministerio de Defensa que vuelva a activar los convoyes militares que garanticen el desplazamiento del transporte de pasajeros y camiones con productos básicos en varias regiones del país; más que una imagen remota, es una solución que estaba en el recuerdo de viejas épocas muy duras de la violencia contra la sociedad.

Los tenebrosos paros armados anunciados y ejecutados por la guerrilla activa, en algunos puntos específicos y recurrentes de la geografía nacional, han logrado su cometido en esa Colombia remota a la que nadie le pone atención, pero tienen gran resonancia en todo el país, pues hace reflexionar sobre la necesidad urgente de ponerle fin a una situación anacrónica que no deja progresar. Gran parte de las vías del suroccidente del país, Arauca, Casanare, todo el Pacífico, Norte de Santander, y algunos puntos concretos en regiones intermedias que conectan el interior de Antioquia con la costa Atlántica, fueron afectadas, entre el 23 y el 27 de febrero, por la presencia violenta de hombres armados que interrumpieron las vías, quemaron vehículos y acosaron las economías rurales, sumiéndolas en el miedo, una suerte de hecho que solo se sienten en donde se dan, pero que no se deben dejar prosperar ni avanzar hacia las grandes ciudades. Durante los años 80 y 90, los gobiernos no actuaron en los momentos adecuados para contrarrestar estos brotes de terrorismo, dejaron crecer situaciones similares que poco a poco llegaron a las ciudades afectando la seguridad nacional con atentados desestabilizadores que sometieron al país, incluso, le dieron elementos de referencia (en ese momento) a analistas internacionales de Estado fallido, calificativos superados con creces durante las dos administraciones de Álvaro Uribe.

El país no puede volver a estar secuestrado por la sumatoria de pequeños actos delictivos en las vías públicas remotas; no se puede dejar crecer el secuestro y la extorsión; no puede caer en la desesperanza de que hay dos colombias, una rural capturada por la delincuencia y una urbana temerosa de caer asediada por los violentos.

Una buena parte del presupuesto general de la Nación se destina a la defensa del país en todos sus frentes, por lo tanto el problema no es de dinero, es de ejecución y de gerencia de la seguridad. Hay que olvidar los años aciagos en que a los presidentes los despedían con actos terroristas y bautizaban a los entrantes; esa parece ser la tónica de los grupos armados que se han vuelto a envalentonar en la Colombia rural. Obviamente, la causas estructurales del siempre amenazado orden público no tiene que ver con una cosa distinta al narcotráfico y al apoyo de Venezuela y de Cuba a esos grupos que delinquen en todo el territorio. Falta muy poco tiempo para las elecciones al Congreso y a la Presidencia, momento oportuno para revisar los nombres y los programas de las personas que deben llegar a esos cargos.