Reversazo arancelario de alto impacto

Tremendo golpe el que le dio el Tribunal Supremo a la administración de Donald Trump al tumbar los aranceles recíprocos que impuso con bombos y platillos a casi todos los países. El problema es que todo vuelve a ser igual en materia de sobrecostos a las importaciones estadounidenses, pero no para los afectados, que recibirán miles de millones de dólares por aranceles cobrados de manera inconstitucional.

El sentido del fallo del alto tribunal definirá la suerte de ese dinero que tendrían que asumir los contribuyentes, muchos de los cuales festejaron la medida que Trump calificó como el “día de la liberación”. Los socios comerciales de EE.UU., como Canadá, México y China, especialmente, han mantenido una tensa relación con el Gobierno republicano desde que se fijaron tasas comerciales específicas a productos como carros, aluminio y numerosos bienes agropecuarios. En su momento se advirtió sobre la medida, que desde lejos era antinatura en lo que tiene que ver con el libre comercio.

El Tribunal tumbó la decisión de Trump porque, con su determinación temeraria, se pasó por la faja al Congreso, corporación que no tuvo velas en el entierro del comercio. En pocas palabras, los magistrados estadounidenses dejaron claro que para este tipo de medidas siempre se tiene que contar con el Congreso, que a su vez debe interpretar las necesidades de la ciudadanía. Aún queda pendiente establecer si la decisión obligará a EE.UU. a pagar -o devolver- miles de millones de dólares a los importadores que cancelaron esos aranceles.

Los analistas sostienen que no se tendría que pagar ni devolver esos recursos, dado que los importadores trasladaron el mayor costo a los consumidores. La pregunta clave es si a estos últimos se les reintegrará el sobrecosto de la guerra arancelaria, tasado para los compradores en unos US$175.000 millones. Desde la Casa Blanca se advierte que existen otros caminos ejecutivos para restablecer los aranceles, de tal manera que el Gobierno estadounidense no quede en ridículo comercial internacional.

El Gobierno republicano tiene bien definida la tipología de los aranceles más estratégicos vinculados a políticas de seguridad nacional: los recíprocos, los aplicados a importaciones de petróleo, al comercio con Brasil e India y los derivados de tratados de libre comercio. El nuevo contexto comercial estadounidense no es tan favorable para Colombia y sus productos de exportación, como el petróleo, el café, las flores y las frutas, bienes que en medio del “día de la liberación” habían tomado ventaja frente a competidores de plaza como el petróleo de Rusia o Venezuela, el café de Vietnam o las flores de Ecuador.

Ahora todo vuelve a la normalidad, tal como sucedía hace dos o tres años, y los productos primarios colombianos tendrán que competir como siempre. La moraleja que le queda a EE.UU. y a Colombia, especialmente, es que siempre habrá un alto tribunal que ponga en orden las iniciativas ejecutivas que no necesariamente están alineadas con los intereses de largo plazo de las naciones. Los magistrados estadounidenses han puesto en su sitio una idea temeraria de Trump, al tiempo que las cortes en Colombia también le han salido al paso a varias decisiones de Petro que van en el mismo sentido.

Los presidentes tienen instituciones que respetar y que sus actos gubernamentales no solo deben ser responsables, sino tener sentido institucional. Al final se cumple la premisa de que los extremos ideológicos terminan por juntarse.