Se necesita un protestódromo nacional

Existe el derecho a la manifestación pacífica, como un derecho humano contenido en las libertades de reunión y de expresión,  pero esa acción cívica legítima se está desgastando y desbordando frente al impacto esperado en  la sociedad y eco en los gobiernos. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en menos de un trimestre de lo corrido del año, se han realizado 283 protestas: 70 fueron concentraciones, 69 marchas, 50 bloqueos y 38 cese de actividades. Y se espera que en los próximos días aumente el clima de reivindicaciones a lo largo y ancho del país. Por sectores el balance es elocuente: paro de transportadores 25%, sector educativo 17% y grupos étnicos 27%.

Las regiones más afectadas por manifestaciones sociales son: Bogotá, 43 situaciones; Bolívar, 38; Antioquia, 26; Valle, 24 y Cauca con 18 episodios. La Defensoría dice que las vías de hecho afectan más a las personas que no participan en ellas. El gran problema es que de los simples plantones se está pasando a la violencia, olvidando que el derecho es la protesta, pero pacíficamente. Según el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la manifestación pacífica es uno de los derechos que más pone en evidencia el grado de respeto y responsabilidad de un Estado con los derechos humanos y la fortaleza de sus instituciones democráticas para evitar y prevenir el uso abusivo o violento del poder público en contra de los ciudadanos.

Pero en Colombia se está abusando de ese derecho, pues unas minorías están afectando el pleno desarrollo y el bien particular se antepone al general. Olvidamos que hay millones de colombianos que no protestan porque están ocupados estudiando o trabajando, pero hay grupúsculos minoritarios que son usados por los actores armados en su estrategia de combinación de fuerzas de lucha, ad portas de un acuerdo de paz y una contienda electoral.

Habla bien del Estado colombiano que hayan tantas protestas: bien porque son oídos por los responsables en los gobiernos locales, regionales y nacionales, o porque la historia les ha enseñado que protestando consiguen dividendos económicos. El Estado a través del Gobierno Nacional no puede ceder a presiones tan absurdas como prohibir el desarrollo tecnológico en el transporte público o tan descabelladas como entregarle a unas minorías 170.000 hectáreas de tierra en un departamento muy pobre. Una minoría que solo es 20% de la población y que tiene 30 de cada 100 hectáreas.

Claro que hay que fortalecer mecanismos de concertación, pero el talante del Gobierno Nacional no debe olvidar la opinión de quienes verdaderamente trabajan y que no tienen mucho tiempo para protestar por lo que sea, se tenga razón o no.