Se vienen 160 días de muchos impuestos

Al presidente Petro le quedan en la Casa de Nariño 3.840 horas, tiempo suficiente para imponer más impuestos al sector productivo y llenar las arcas nacionales con recursos provenientes de distintos frentes, como, por ejemplo, convertir en recursos de tesorería parte de los ahorros pensionales de los fondos privados, que deberían trasladarse al Emisor. El Gobierno ha dado muestras de voracidad tributaria y de una creciente intervención en la administración de recursos públicos e incluso privados, como los ahorros que los trabajadores tienen en las AFP y, de cierta manera, los depósitos del sector financiero, que estaría obligado a realizar inversiones forzosas -dinero de los cuentahabientes- en sectores y a tasas definidas por el Ejecutivo.

Adicional a ello, los cinco decretos expedidos en el marco de la emergencia se traducen en una cascada tributaria de cierre de la administración Petro, lo que pone en aprietos a empresarios que tenían una planeación financiera definida y que ahora deberán redirigir recursos de inversión para cubrir mayores cargas impositivas. Por ejemplo, el Ejecutivo creó un tributo al patrimonio para personas jurídicas e introdujo una tarifa diferencial de 1,6% para los sectores financiero y minero-energético, y de 0,5% para las demás actividades.

De estos dos sectores provendría cerca de 56% de los $8 billones que busca recaudar el Gobierno para atender la crisis ocasionada por las lluvias. En el marco de la medida, se fijó en 0,5% la tarifa para las empresas con un patrimonio líquido de 200.000 UVT, equivalente a poco más de $10.400 millones. El tributo se declarará y pagará en dos cuotas: 50% deberá cancelarse el 1 de abril y el 50% restante, el 4 de mayo. Otro decreto cobija a las generadoras de energía, tanto hidroeléctricas como térmicas, que operan en cuencas afectadas por la emergencia.

Estas compañías deberán pagar un aporte adicional de 2% sobre el total de las ventas de energía propia, que se cobrará durante los seis meses siguientes a la entrada en vigencia del decreto. Uno de los puntos que más alertas genera es el que revive el fantasma de la expropiación exprés, al establecer que la Agencia Nacional de Tierras podrá ocupar, comprar e incluso expropiar predios para reubicar a poblaciones afectadas por la emergencia socioambiental. Se faculta a la ANT para usar, ocupar temporalmente, imponer servidumbres y adquirir predios cuando sea necesario por situaciones de desastre o calamidad pública, con el pago de las compensaciones correspondientes.

En el sector agropecuario, el Ejecutivo también expidió un decreto para pagar hasta 95% de las deudas que productores rurales y campesinos afectados por la emergencia tengan con el Banco Agrario, mediante la creación del Plan de Alivio a la Deuda Agropecuaria (Pada). El último de los decretos, expedido por el MinEducación, establece que niños, niñas y jóvenes de instituciones educativas ubicadas en ocho departamentos serán beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar (PAE) fuera de la jornada habitual. Las 3.840 horas que le restan al Presidente constituyen una ventana decisiva para el sector productivo.

Cada señal de intervención sobre recursos privados profundiza la incertidumbre y reconfigura las reglas de juego con las que empresas y ciudadanos planifican el largo plazo. Incluso en medio de una emergencia, se debe exigir prudencia, seguridad jurídica y equilibrio fiscal, para no trasladar el costo de la coyuntura a la inversión, empleo y el ahorro.