Sentados sobre un polvorín de luz y gasolina

El presidente, Gustavo Petro, está sentado en una tormenta perfecta que pueden capitalizar sus opositores. Primer componente: su ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, ha sido errática en sus salidas políticas y técnicas en una cartera sensible como ninguna a la coyuntura actual. Segundo, el mundo padece una crisis energética derivada del conflicto entre Rusia y Ucrania que disparó los precios del gas y el carbón, que impactan el mercado local y se experimenta en los recibos de la luz y pronto en la llenada de gasolina del tanque de los vehículos.

Y tercer componente, es que esa misma externalidad tiene consecuencias agridulces para las arcas nacionales; uno, porque Colombia es un productor y exportador de petróleo importante en la región, y dos, porque de la misma manera es importador de derivados del petróleo y el precio de los combustibles tiene un fuerte componente internacional.

La sumatoria de estas situaciones ha hecho que el Gobierno Nacional reciba una serie de problemas de difícil solución y que impactan a las familias colombianas: los costos de las facturas de servicios públicos y la obligación de subir los precios de los combustibles para poder usar más los recursos que Ecopetrol le entrega a las arcas del Estado. Es un auténtico Nudo Gordiano por la inoperancia de entidades de control y vigilancia, como la Comisión de Regulación de Energía, Gas y Combustibles, la Superintendencia de Servicios Públicos y el mismo Ministerio de Minas y Energía, encargados de vigilar, regular los servicios de electricidad y gas, según se establece en la ley 142 y 143 de 1994.

No han hecho su labor. Han sido inferiores al reto de mantener un mercado equilibrado en función de los consumidores, no de las empresas que juegan como generadoras, distribuidoras o comercializadoras. Hoy, al Gobierno Nacional le puede reventar un polvorín social de graves consecuencias para el desarrollo de su hoja de ruta si no sabe cómo sacar adelante este par de situaciones bastante complejas. La factura de la luz ha subido cerca de 30% en lo corrido del año, convirtiéndose en uno de los pilares inflacionarios para las familias y las empresas, sin que los organismos de control revisaran el tema expuesto desde noviembre del año pasado.

Y la otra cara de la moneda es el sabor agridulce que dejan las utilidades de Ecopetrol y sus transferencias al Estado, pues inexplicablemente el Gobierno pasado no incrementó los precios mes a mes de los combustibles, pasándole la factura a un Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles y a la postre obligando al nuevo Gobierno a cruzar cuentas con Ecopetrol, más o menos así: $30 billones de transferencia de la petrolera estatal por $30 billones de déficit en dicho fondo. Explicar la situación de manera parroquial es bastante fácil, no tanto actuar en consonancia y solucionar dos problemas parientes: la gasolina y la energía, un par de papas calientes en manos de la Ministra más polémica de la administración.

¿Qué debería hacer el Presidente? Dejar que la cartera de Hacienda y la dirección de Planeación Nacional manejen técnicamente el tema, pero sin cargar a las empresas y familias, que están padeciendo una inflación de dos dígitos, y que no ven soluciones eficaces que le pongan un torniquete al alza de precios; dicho sea de paso, ambos problemas son externalidades, pero mal manejados y planeados localmente.