Sesiones extras para la nueva tributaria

Mucho difieren los estilos de los ministros de Hacienda de la administración Duque. Mientras Alberto Carrasquilla era más pegado a la técnica y la ortodoxia, que a lo político, su sucesor, José Manuel Restrepo, es más conciliador y funcionalista. Ambos son hijos de su tiempo y obedecen al momento en que fueron nombrados. El primero es el colombiano que más tiempo ha estado al frente de la cartera económica durante toda la historia. Uno de los economistas más respetados y que en un par de ocasiones fue candidato para ocupar la gerencia del Banco de la República; por estos días su nombre será considerado para presidir la Corporación Andina de Fomento. El segundo, en cambio, hace gala de su ocupación pasada como rector universitario, y por medio de su gran capacidad de convencimiento, sensibilización de los temas y carisma, debe sacar la tercera y urgente reforma tributaria de este gobierno. La exposición de motivos y el mensaje de urgencia al Congreso están más que claros: Colombia necesita financiar los estragos que ha dejado la pandemia y requiere cumplir con algunas de la exigencias hechas en las manifestaciones. Pero lo que más obliga a una nueva tributaria es la crítica situación del país ante las firmas calificadoras de riesgo, que ya empezaron a precipitarse y retirarle el grado de inversión a Colombia. Standard & Poors ya lo hizo, y se espera que antes de que termine el primer semestre se conozca la decisión de Moody’s y de Fitch Ratings, que aún no se han pronunciado en ese sentido. Valga la pena recordar que las metodologías de las calificadoras de riesgo de países y empresas son distintas, y que si S&P fue dura y precipitada con Colombia, no necesariamente las dos restantes hagan lo mismo, incluso pueden ir en contravía si el Gobierno Nacional apura la discusión sobre los nuevos impuestos que se necesitan.

El reloj avanza en contra de los intereses de la economía colombiana. La actual legislatura termina a finales de junio, es decir, en cuatro semanas, y el próximo 20 de julio se instala la última legislatura del Congreso actual, por lo que el Ministerio de Hacienda deberá tener aprobados los nuevos impuestos para que entren en vigor el 1 de enero de 2022 y poder financiar el último presupuesto de la administración Duque. Suponiendo como hipótesis que la pérdida del grado de inversión por parte de S&P -y las consecuencias colaterales- haya tenido efectos de concientización hacia los políticos y manifestantes, el trámite de los nuevos impuestos no tendría problemas por el “estado económico del país”, máxime cuando las reivindicaciones de las manifestaciones se han tasado en más de $80 billones y el país necesita enviar mensajes internacionales de que todo está volviendo a su curso de crecimiento. El aumento del PIB en el primer trimestre es de los mejores de la región, 1,1%, y la Ocde acaba de pronosticar que la economía se disparará con un repunte superior a 7% este año, dos indicios que vale la pena reseñar para albergar esperanzas de que este año cerrará mejor de lo esperado. El punto es que la banca multilateral y las calificadoras observen lo que está sucediendo en Colombia y no se precipiten de nuevo a dar malas notas. Ahora bien, todas las protestas y sus exigencias son válidas, y muchos de esos clamores deben hacer parte de la discusión electoral que se avecina en el nuevo año.