Todo diálogo no puede ser pliego de peticiones

Congresistas, rectores, expresidentes, gremios, fundaciones, estudiantes y obviamente el Comité de Paro, le han hecho llegar al Gobierno Nacional sugerencias, ideas y ofrecimientos para ayudar a salir de la crisis. Todo muy loable y bien intencionado, pero hay mucha letra menuda, mensajes subyacentes, intereses ocultos y temas inconvenientes en el trasfondo.

El Gobierno Nacional tiene que sentarse a dialogar, debe abrir las puertas y las ventanas de la Casa de Nariño y convocar a todos los actores sociales para salir de este tormentoso momento político y social, que como una maldición se ha juntado con el epílogo mundial de la pandemia, pues mientras Colombia se hunde en la crisis, los demás países empiezan a declarar la normalidad.

No se puede llorar sobre leche derramada y repetirle al Gobierno Nacional que debió haber actuado como lo hicieron Biden en Estados Unidos, Netanyahu en Israel y Piñera en Chile, líderes que hicieron prospectiva en diciembre pasado y vieron que en la efectividad de sus planes de vacunación había una gran oportunidad gubernamental que enderezaría sus administraciones. Biden en menos de 100 días borró del mapa a Trump; Netanyahu pudo enderezar su nuevo gobierno y Piñera les devolvió el orgullo a los chilenos en medio de un cambio de su carta magna.

Los opositores a la administración de Duque, sumados a los cálculos políticos de los congresistas y de los directores de los partidos, fueron más listos y menos responsables con el país y se han montado en las protestas dejando solo al Ejecutivo en medio de los problemas que representa una coyuntura sanitaria, económica y social de graves consecuencias. Ahora, no hay más camino que trabajar con lo que hay y mirar con respeto todas y cada una de las propuestas de ayuda para salir de la crisis, pero antes de dar cualquier paso hay que medir bien las consecuencias políticas y macroeconómicas.

Es imperativo abrir todos los canales de diálogo sin que estos impliquen más cargas al erario público. No se puede entender que los mismos que rechazaron la reforma tributaria y forzaron la salida del ministro de Hacienda, ahora pidan dinero público para subsidios, inversión social, obras de infraestructura y hasta un salario mínimo como renta básica para más de 21 millones de colombianos sumidos en la pobreza, cifra que se puede flexibilizar expresándola en familias, unos siete millones en estado de pobreza, lo que en solitario tendría un costo anual superior a $80 billones.

Hay que mirar con tranquilidad y responsabilidad cifras como esta: al corte de febrero, 3.594.177 personas declararon renta y de esos, solo 1.635.578 pagaron un impuesto superior a cero; ahí automáticamente se entiende que es imperativo no solo subir de esos 3,6 millones de colombianos declarantes, sino más aún que sean más de esos 1,6 millones los que contribuyen a las arcas nacionales para que haya recursos que puedan financiar todo lo que los manifestantes piden o reclaman.

Por ahora, hay que tratar que los abundantes pliegos de peticiones y recomendaciones espontáneas, se distancien de onerosos compromisos presupuestales, pues mientras no haya una verdadera reforma tributaria estructural no se pueden comprometer gastos con cuenta de cobro a unos impuestos que no crecen ni se multiplican porque no hay crecimiento económico.