Un giro a la izquierda sin cuentas de cobro

Solo se puede hacer crecer el país con empresas comprometidas que graviten entre tres fundamentos: seguridad jurídica, orden público y seguridad tributaria. El sector productivo es la mayor red de producción de bienes y servicios que tiene Colombia, un entramado que trabaja con normas, decretos y leyes que protegen el libre mercado y prevalecen los roles y funciones de obtención de unas utilidades económicas en ese ejercicio, más la contribución, vía impuestos, para desarrollar el país. La seguridad jurídica es uno de los pilares fundamentales más cuidados por las democracias y más valorados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Ocde, como piedras angulares para disminuir las precariedades características de una nación en desarrollo. Gustavo Petro, el presidente electo de Colombia y quien llevará las riendas del país hasta 2026, tiene la obligación de garantizar la seguridad jurídica de todos los estamentos sociales; todo es susceptible de cambios, más aún cuando estén enfocados en seguir progresando, pero en ningún momento aceptado cuando estos vulneren a los contribuyentes y generadores de empleo. El orden público puede ser el segundo elemento, sino el primero en la cabeza del listado de prioridades para dar un parte de tranquilidad; si el nuevo gobierno no garantiza el respeto a la propiedad privada y la confrontación directa de los actores armados, no habrá garantías para hacer empresa ni desarrollar emprendimientos. Lo que ha hecho explotar los modelos económicos del vecindario, léase Nicaragua o Venezuela, no son las intenciones de mejorar la economía y hacerla más redistributiva, sino la salida de control de los delincuentes que se ven amparados en su actuar en contra de los bienes ajenos y la práctica masiva de extorsiones y secuestros. Petro y su equipo deben lanzar mensajes contundentes en contra de las disidencias, los narcotraficantes y las pandillas delictivas casi institucionalizadas en varias regiones de Colombia. El tercer punto, muy en conexión con el primero de la seguridad jurídica, es no usar el pago de impuestos como un arma de revancha, de venganza en contra de quienes se oponen a ciertas ideas políticas. Petro ha hablado de una reforma tributaria de $60 billones, una cifra loca que no cabe en la cabeza de ningún tributarista, que es casi imposible de conseguir. Debe haber una tributaria estructural que empiece por quitar muchas exenciones de las que han gozado varios sectores, incluso rebajar la evasión y elusión de impuestos, tareas que han puesto todas las misiones de sabios cuando recomiendan ajustes tributarios. Se coincide en reformas técnicas y conscientes, pero jamás usar los impuestos como arma de venganza en contra de los que se han opuesto a ciertas ideas políticas. El giro a la izquierda debe ser cuidadoso, sin revanchas y respetuoso por la institucionalidad. Al país social, económico y político hay que reconciliarlo para seguir adelante, son solo 48 meses de un proyecto que tendrá varios frentes para consolidar sus ideas de progreso; vienen nuevas lecciones locales y regionales y el Congreso será, como siempre, campo de batalla de ideas; eso es la democracia que garantiza estas reglas de juego. Ojalá el equipo económico de Petro, un presidente conocedor del tema, sea el más idóneo para no dar un salto al vacío que comprometa la estabilidad.