Editorial

Una oportunidad llamada factura electrónica

La Dian pone a Colombia entre una docena de países en la región que le han apostado a combatir la evasión fiscal, al tiempo que darle una oportunidad al factoring social

LR

Es cierto que la factura electrónica es una herramienta que le permite a los recaudadores de impuestos observar con cierto grado de efectividad la trazabilidad de las ventas por parte de las empresas y de las compras hechas por los consumidores. Hace muchos años que la institucionalidad tributaria en los países desarrollados se pegó del consejo: “seguid el rastro del dinero”, enunciado por Carl Bernstein y Bob Woodward para desentrañar la maraña del Watergate, que culminó con la dimisión de Richard Nixon en 1974.

Colombia no es un país que tenga interiorizado en su cultura económica pagar impuestos, por eso el grueso del recaudo tiene siempre el mismo origen en un puñado de grandes contribuyentes empresariales y los empleados formales, a quienes les descuentan directamente de la fuente. Por eso, la Dian tiene que estar reinventando la manera de hacer que todo el que tenga un negocio pague impuesto y una manera reciente de hacerlo es impulsar la factura electrónica, pues permite seguir el rastro del dinero y evitar la evasión y el lavado de dinero. Una lucha difícil en un país en donde aún al consumidor le preguntas en miles de comercios si quiere factura física o no. Incluso, en algunos solo entregan una tirilla de compras que se desprende de una sumadora, sin NIT ni mayores elementos fundamentales para hacer reclamos. Más aún: está extendida la práctica, especialmente en el sector médico especializado, en donde no reciben pagos con tarjetas, solo reciben efectivo para evitar dicha trazabilidad y no pagar impuestos.

Exigir la factura electrónica debe ser una obligación para los consumidores y un delito cometido por los comerciantes si no la expiden. Es aquí en donde la Dian ha hecho una fina muestra de “zanahoria y garrote”. Ha importado de Chile el concepto de factoring social, a partir de la exigencia de la factura electrónica y darle de paso una nueva vida al factoring que en Colombia es un asunto secundario, pues no existe la cultura empresarial de adelantar los cobros de las facturas. El factoring es un contrato mediante el cual las personas naturales y jurídicas ceden los créditos derivados de su actividad comercial a otra, que gestiona el cobro en los plazos pactados.

Lo que ha hecho la Dian es crear un registro de facturas electrónicas para permitirles a las empresas -especialmente las más pequeñas- tener dinero a la mano y desarrollar un mercado secundario. Ese registro de facturas se llama Radian y busca el factoring social en un momento en el que la economía necesita ideas novedosas para ponerse de nuevo en actividad. Los más beneficiados pueden ser las pequeñas compañías proveedoras de grandes empresas a las cuales les pagan cada 60 días y tienen que esperar mucho tiempo para tener recursos; además, financiar su operación es complicado por las altas tasas en el mercado del microcrédito. Esta novedad comenzará en la segunda quincena de agosto y se espera que Colombia se ponga al nivel de Brasil, Chile o Ecuador, en donde la expedición de factura electrónica sí es obligatoria por ley o norma y en donde las fintech y los bancos especializados en pequeñas empresas están enfocados en este mercado del factoring social. Queda por hacer, volverlo obligatorio y socializarlo en los negocios para que su funcionamiento no dependa de la caja de los compradores.

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