Una reforma laboral sin el empleo como eje

En las dos últimas décadas se han radicado 34 proyectos de ley que han pretendido reformar las normas laborales, solo cuatro de ellos han aportado cambios a la manera como trabajan los colombianos y puesto reglas a las relaciones entre trabajadores y empleadores.

La reforma laboral siempre ha sido una de las exigencias enfocadas a modernizar al país. Ya se adelantó la reducción de la jornada laboral de 48 horas a la semana a 42 en la próxima década de manera escalonada, se ha puesto en cintura la contratación de trabajadores en las plataformas tecnológicas, pero nada se ha avanzado en la contratación por horas que les permitiría a los colombianos organizar mejor sus labores remuneradas y desarrollar el teletrabajo.

La reforma concebida y presentada por el Gobierno al Congreso olvida cosas fundamentales como son la generación de empleo formal, el empleo de los jóvenes y el ataque frontal contra la informalidad.

Es una reforma de fuerte inclinación sindical, muy a pesar de que las centrales obreras representan un porcentaje reducido de la población económicamente activa; no se puede dejar de lado que el sindicalismo colombiano es de los más pequeños de la región, factor que puede ser un punto débil durante el trámite en un Congreso, que si bien respalda al Gobierno en estos momentos, vela por la fortaleza del sector productivo como tributador y generador de empleos formales.

La reforma radicada solo beneficia a 40% de los trabajadores que están por encima de un mínimo y trabajan 48 horas a la semana. Está ausente la generación de empleo como espina dorsal y no habla de productividad, olvidando de tajo que la economía tiene el peor indicador entre los países Ocde, muy a pesar de las largas jornadas de trabajo y obsolescencia de su régimen laboral.

Así (no habla de empleo, ni de jóvenes, ni de productividad), es una iniciativa coja que puede ser lesiva para empresas, emprendimientos y nuevas industrias basadas en la cuarta revolución. Otros lunares son que contratistas serán considerados intermediarios laborales, salvo que prueben tener organización empresarial propia y especialización productiva; afirmación con repercusiones legales y lesiva, vista de esta manera: cuando el contratista cumpla funciones relativas a la actividad principal del contratante, sus trabajadores deberán tener el mismo régimen salarial.

La contratación de prestación de servicios entre personas jurídicas generará solidaridad por obligaciones laborales y de seguridad social. Propuestas que pueden acabar con la tercerización.

También es discutible que la jornada ordinaria sea de 8 horas diarias, ampliable a 9, siempre que no supere 42 horas semanales. No podrá trabajarse más de 1 hora extra diaria. Y el incremento de los recargos dominicales que pasa de 75% a 100%, pone fuera de competencia a muchas empresas de entretenimiento y genera sobrecostos en el transporte público.

Es discutible obligar a que las plataformas de reparto tengan que vincular laboralmente a sus repartidores y al mismo tiempo exigirles exclusividad. Eso sí, dichas plataformas deberán afiliar a sus trabajadores a seguridad social como dependientes a tiempo parcial.

Y otra cosa loca es tener que informar a los trabajadores sobre la toma de decisiones de los algoritmos y contar con supervisión humana. La puntillada final es: “los trabajadores cuyo trabajo se automatice, tendrán derecho a ser reconvertidos y reubicados”. No se podrán dar saltos tecnológicos.