Valor tributario del próximo censo económico
martes, 19 de enero de 2021
Colombia se apresta a realizar el trabajo de campo de su primer censo económico en tres décadas, una iniciativa de saludable carga de información para erradicar la informalidad
Editorial
Luego de tres décadas, el Dane iniciará entre enero y abril el conteo de las unidades económicas, una importante tarea que se hizo por última vez en 1991, desde entonces solo se ha estudiado el panorama empresarial regional en Cundinamarca en 1999, en Barranquilla y Soledad en 2002 y en Cali en 2005. En pocas palabras no hay datos del país económico, emprendedor de las últimas tres décadas y no se cuenta con una imagen real del progreso empresarial y el avance de la informalidad.
No solo se analizarán y contabilizarán las unidades económicas formales, el sector informal del que no se tiene información oficial. Si el Gobierno Nacional avanza y hace un buen trabajo de campo en esta ocasión, por fin se conocerá el número e impacto de los puestos ambulantes y el poder de los servicios informales, quienes no registran sus ventas ni se sabe cuántas personas emplean. Anif plantea que la economía informal pesa 33% del PIB, cifra que aún no se ha confirmado. Confecámaras, por su parte dice que existen alrededor de 1,4 millones de compañías activas. El objetivo del Dane es contabilizar hasta dos millones de unidades económicas. Será una operación necesaria que ojalá dé claridad sobre el registro mercantil, el RUT o saber cuáles tienen contabilidad o están interesados en entregar factura electrónica. A los ojos del Dane, este censo permitirá integrar o mirar los paralelos entre la formalidad y la informalidad y empezar a construir entre todos un nuevo concepto de formalidad empresarial en el que todos tengamos las mismas reglas de juego y podamos contribuir al desarrollo económico.
Por ahora se cuenta con un presupuesto de $65.500 millones solo para este año, pero se necesitan más recursos para enriquecer este trabajo de campo con inteligencia artificial que cruce bases de datos. El último ejercicio estadístico similar fue el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018 que tuvo un costo cercano a medio billón de pesos, pero no ha sido aplicado, ni sus números han servido para cruzar bases de datos y detectar la informalidad en todo el país. El último Censo de 2018 aporta una base de información para hacer ese conteo porque contaba unidades físicas y las categorizaba en unidades de vivienda o no, si no eran unidades de vivienda o de uso mixto, o explotación económica, pero desde entonces no se ha profundizado en la tarea de identificar la informalidad para lograr que el aporte tributario y las obligaciones laborales se estandaricen en todo el país.
Esta semana arranca la etapa de precenso que se extenderá entre enero y abril, no sobra recomendarle al Dane que este trabajo de campo avance con eficiencia y que tanto la Dian como el Ministerio de Hacienda puedan tener más datos contables sobre las verdaderas unidades productivas para garantizarle el pago de impuestos, parafiscales y de salarios justos de los dependientes de la informalidad cabalgante.
Al oído del Dane también se recomienda que este trabajo se deje archivado en los anaqueles de la entidad, tal como ha sucedido con los resultados del Censo Rural que no se ha convertido en la herramienta que se prometió y que buscaba hacer una mejor asignación de los recursos a nivel presupuestal. No hay que hacer investigaciones por el simple hecho de hacerlas, se debe hacer veeduría para que estas sirvan para algo real.