¿Y de la transición de la movilidad, qué?

Desde 2009 cuando Uber apareció en escena, el servicio de transporte masivo en más de mil centros urbanos en todo el mundo nunca volvió a ser el mismo, y las grandes y caóticas ciudades colombianas no han sido la excepción. La compañía estadounidense es el ejemplo más claro de disrupción tecnológica: no tiene en su propiedad un solo taxi, pero le compite a millones en los distintos países; entrega comida, paquetes, alquila bicicletas y le pone el pelo de puntas a los transportadores tradicionales, pero en especial a los gobiernos que no han dado el salto tecnológico, una suerte de transición en la movilidad.

El servicio de Uber florece en los centros urbanos caóticos, sin soluciones tecnológicas, inseguridad y sin normas modernas que entiendan bien cómo funciona la mente del consumidor contemporáneo. Y como siempre sucede, la solución que propone Uber con su novísima plataforma de movilidad, es copiada por empresas chinas o indias que cabalgan en mercados subdesarrollados y llegan con nuevas marcas -no originales- como Cabify, Didi o InDriver, entre algunas que proliferan con la misma propuesta de movilizar personas que pagan su carrera en efectivo o en una transacción digital.

Ningún gobierno desde 2009 le ha puesto el cascabel al gato en materia de reglamentación de estos servicios e incluso han logrado que miles de taxistas profesionales abandonen las tradicionales empresas de taxis y se conviertan en autónomos en la movilidad mediante plataformas. Ahora, el Ministerio de Transporte intenta -como sus antecesores- equilibrar la cancha entre los taxistas y las plataformas de movilidad basado en los costos en los que deben incurrir los taxistas para operar que no tienen competidores como Uber, Cabify, Didi e InDriver.

Es un cuento viejo inacabado que camina al fracaso porque la decisión está en el consumidor final. Miles de taxistas han abandonado sus empresas tradicionales porque les va mejor en las plataformas que a su vez atraen profesionales del transporte que no quieren ser empleados, manejar sus horarios y tener más ingresos. Si bien el consumidor final tiene la decisión sobre qué plataforma usar, es cierto que el tema más beneficioso para el país no es la pelea entre taxistas tradicionales y los conductores de las plataformas, son los impuestos que pagan estas multinacionales por explotar las calles colombianas.

Si a los estadounidenses de Uber o a los chinos de Didi se les pregunta sobre sus ingresos operativos en el país y cuánto pagan a las ciudades en donde explotan sus calles, no entregan cifras; es más, acuden a que generan 100.000 empleos, pero tampoco hablan de la seguridad social, de la buena remuneración y mucho menos de la calidad de los carros con que se lucran y se llevan la plata para otros mercados.

Lo que debe hacer el Gobierno Nacional es poner en cintura a esas multinacionales, hacerlas pagar los impuestos de uso de las vías, a obligarlos a remunerar mejor a los conductores y a prestar un mejor servicio. En Dinamarca se les exigió hacer uso obligatorio de taxímetros y sensores de ocupación, por lo que decidieron salir de ese mercado; no les gusta que les lleven las cuentas ni que les pregunten sus números, y un hecho clave es que el Ministerio de Trabajo debe obligar a esas plataformas a inscribir a sus conductores como taxistas para garantizarles a los usuarios que son confiables.