¿Y del Congreso qué?

Conocidas las polémicas frases lanzadas la semana pasada por el Fiscal General de la Nación sobre el “carrusel de pensiones” por casos de nombramientos o designaciones en altos cargos del Estado, es bueno reflexionar y preguntarse por qué no se han abierto con la misma diligencia y prontitud juicios de responsabilidad fiscal, disciplinaria y penal en contra de otros beneficiarios de carruseles de pensiones que fueron privilegiados por el Congreso con “palomitas” de dos, tres o seis meses con dignidad de “parlamentario”, y abusando del derecho obtuvieron esas generosas pensiones a las que la Corte Constitucional puso freno, a pesar de las amenazas de demandas internacionales.

Debemos reconocer que este mal endémico de “carruseles de pensiones” no solo se enquistó en el Consejo Superior, sino que era costumbre inveterada en las distintas ramas del poder público; incluso en la misma Fiscalía y Procuraduría General de la Nación; en la Contraloría General de la República; en la Registraduría Nacional del Estado Civil, así como también en el ejecutivo, como sucede con los nombramientos de cónsules y embajadores, ministerios y viceministerios y con inusitada frecuencia en el poder legislativo.

Le preguntamos al Fiscal y a la Contralora porque en sus entidades, en el Congreso y en el Ejecutivo, no han actuado con la misma diligencia y enjundia que han demostrado con el Consejo Superior de la Judicatura para investigar casos similares y hasta más escandalosos acontecidos en sus propias instituciones y realizados por sus antecesores y por los ocurridos en el Ejecutivo y en el mismo Congreso, pues ejemplo tan aberrantes como el de un fugaz ‘padre de la Patria’ de apellido Rueda Franco, denunciado por la prensa, quien ocupando el cargo de congresista por el término de dos meses logró obtener una mesada pensional que reboza los límites admisibles para las dignidades de los altos cargos del Estado. 

Existen muchos casos, pero pareciera que los únicos que han de ser objeto de esta clase de reproches e investigaciones acuciosas son tan sólo los sucedidos en el sector de la justicia, ya tan conocidos por todos nosotros. Es hora de investigar en serio el “carrusel de pensiones” producto de los nombramientos en las Unidades Legislativas de los congresistas, que están pasando de agache en un debate que debe ser afrontado con todo el rigor. O será que estamos ante situaciones ininvestigables o de impunidad propiciados por dichos entes de control?

La justicia no puede ser aplicada selectivamente ni con dedicatoria; debe ser impartida y administrada para todos, en forma tal que la sociedad colombiana encuentre ese verdadero equilibrio en los entes de control que deben velar por la recta e imparcial administración, sin discriminación de ninguna naturaleza, ni protegiendo ciertos sectores de la cosa pública.