¿Y los recursos para hacer reformas?

El país ha realizado reformas económicas importantes en los últimos 25 años, comenzando con el logro de una estabilidad de la moneda gracias a la independencia de la banca central del manejo político de los gobiernos de turno. En la normatividad del sector externo también se han hecho ajustes de gran magnitud, al igual que en el sector financiero. En la materia, Colombia es tenido como ejemplo de continuidad y seriedad. No se puede decir lo mismo en otros frentes, pese a los intentos que se han hecho, los cuales o han tenido interferencia política, falta de voluntad oficial para imponer la reformas o presencia de centros de presión con intereses particulares.

En la salud, por ejemplo, después de los cambios de comienzos de los años noventa del siglo pasado, los ensayos y ajustes no han alcanzado el objetivo de sanear las finanzas del sector y tampoco mejorar los servicios a los pacientes. Hoy es una de las mayores prioridades y cuya solución la gente reclama del nuevo gobierno. En la educación, las cosas no son distintas. La última reforma al sistema se realizó hace poco más de 20 años y el reciente intento de tener una educación acorde con los requerimientos del mundo moderno fueron infructuosos por la poca capacidad del gobierno para concertarla y la falta de claridad que se tuvo durante el proceso legislativo. 

Lo mismo pasa en la justicia. La coincidencia es general acerca de que el país necesita cambios profundos en la administración del sistema y que este es uno de los vacíos que limitan no solo una política de seguridad interna sino que expone el país a la inestabilidad de los agentes externos, en el entendido que hoy este es uno de los asuntos que más preocupa a quienes tienen interés de hacer negocios y proyectar inversiones. Estas y otras reformas requieren un volumen de recursos que hasta ahora nadie se ha atrevido a cuantificar y que con seguridad el nuevo gobierno tendrá que hacerlo.

En los últimos años, los ingresos del Estado han tenido un comportamiento favorable con una tasa de crecimiento real significativa en tanto que se nota cierta complacencia en el manejo del gasto público para atender pedidos sectoriales y locales, sin hacer las evaluaciones técnicas. El objetivo de la acción se ha vuelto más un mecanismo de apagar incendios, antes que solucionar los problemas con un carácter más estructural. Los ejemplos son evidentes y algunos más contundentes. En el caso del sector agropecuario, ha prevalecido más un criterio de subsidios y prebendas de coyuntura sin ahondar mucho. Nadie por ejemplo se plantea la efectividad de los llamadas cuotas parafiscales en ese sector, asunto por el que debería comenzar una verdadera evaluación sobre lo que está pasando en el campo colombiano. Este es solo uno de tantos casos.