Ya hay que pensar en la regionalización

A Petro le faltan pocos meses para concluir su Gobierno, mientras que a alcaldes y gobernadores les queda cerca de la mitad de su mandato. Nunca había ocurrido -al menos en la historia reciente- que los principales mandatarios regionales le salieran confrontadores al Ejecutivo.

El alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia, junto con sus homólogos del Valle del Cauca, Atlántico y Bolívar, se han caracterizado por subirse al ring frente al primer mandatario en asuntos tan complejos y centralistas como la seguridad y la infraestructura.

Sin embargo, donde más se ha sentido la pelea entre el Gobierno Central y los gobernantes regionales es en materia fiscal, muy a pesar de que el Ejecutivo logró sacar adelante la urgente y necesaria reforma al sistema general de participaciones, una tarea que ningún gobierno anterior había conseguido y cuya explicación es sencilla: las entidades territoriales recibirán más recursos del Presupuesto General de la Nación que antes.

Desde 1991 se hizo la promesa de la descentralización, que buscaba devolver autonomía a municipios, distritos y departamentos en la definición de la inversión de los recursos, priorizando aquellos programas y proyectos con mayor potencial para impulsar su desarrollo. Hasta antes de Petro, la Nación transfería a los entes territoriales cerca de 20% de sus ingresos corrientes.

Con una polémica, pero necesaria, reforma constitucional, esa participación pasará a 39,5%, con el objetivo de mejorar la prestación de servicios básicos como educación, salud, agua para consumo humano, saneamiento básico e infraestructura. En pocas palabras, hubo un avance significativo, muy a pesar de que durante los últimos dos años la relación entre la Presidencia y los gobernadores estuvo al rojo vivo.

Ese malestar volvió a calentarse con la declaratoria de una innecesaria emergencia económica que afecta algunos ingresos departamentales, como los provenientes de los licores. El problema adicional es que alcaldes y gobernadores piden y piden, pero no hacen la tarea de fortalecer sus ingresos propios.

Colombia nunca ha hecho una verdadera reforma tributaria regional que actualice avalúos prediales, porcentajes catastrales y revise a fondo los impuestos territoriales. Los mandatarios locales no han sido eficaces en la aplicación de tributos y terminan delegando en el MinHacienda una responsabilidad que es propia.

Es fácil hablar de regionalización e incluso de federalismo, pero primero hay que tejer sistemas tributarios -porque lo fiscal siempre va primero- que les den viabilidad a los municipios y a las formas de asociación que adopten en el futuro.

Los viejos departamentos son figuras obsoletas, herencias caprichosas de los siglos XIX y XX, y deberían ser los primeros entes en replantearse, ojalá en menos de una década. Resulta más eficiente el concepto de autonomías regionales que agrupen municipios conectados por mercados e intereses comunes de desarrollo.

Hablar de regionalización es una necesidad imperiosa cuando se observa a Colombia desde las regiones; incluso la manera de enfrentar la inseguridad cambiaría de forma sustancial. Si algo positivo deja este Gobierno es haber sacado adelante el nuevo SGP. Queda en alcaldes y gobernadores ser más eficientes en su orden tributario y abandonar, de una vez por todas, la figura del mandatario pedigüeño. Al Estado hay que pedirle en función de lo que realmente se aporta desde las regiones al país.