El cambio climático, una amenaza para el sistema financiero según el BID

“El cambio climático puede suponer una amenaza para la estabilidad de nuestros sistemas financieros”. Esa quizás es la mayor conclusión del más reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo titulado ‘Riesgos climáticos y sistemas financieros de América Latina: prácticas regulatorias, supervisión e industriales en la región’, en el que se analiza cómo está preparada la banca para enfrentar las amenazas asociadas a este fenómeno.

El informe detalla que de no tomarse medidas a corto plazo, se podría “afectar la salud de las instituciones financieras (bancos, aseguradoras e inversiones) a través del desempeño de sus actividades de préstamo y la valoración de los activos financieros de sus carteras de inversión”. De hecho, agrega que urge que los países de América Latina actúen de forma inmediata: no solo para establecer protocolos de evaluación, sino para concluir gestiones que miran los riesgos relacionados con esta situación climática.

“Los trabajos pioneros del Banco de Inglaterra y del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) han demostrado que dicha amenaza puede producirse tanto a través de impactos de los acontecimientos físicos relacionados con el clima, como a través de una revaluación forzosa de los activos de inversión”, concluye el documento.

Aunque en general no se detalla en qué porcentaje sería la afectación, o se establecen escenarios a futuro, sí se advierte que hay países como Colombia, México, Perú y Brasil que deben continuar trabajando para consolidar sus políticas verdes en la industria.

En el caso de Colombia, el BID argumenta que el marco regulatorio nacional aún no incluye normas que aborden explícitamente los riesgos relacionados con el clima para las instituciones financieras. Si bien explica que en 2010 se introdujeron prácticas ambientales y sociales, advierte que aún queda camino para trabajar.

La anterior afirmación se da luego de citar un informe de la Superintendencia Financiera sobre el riesgo climático y las finanzas verdes. En este, los resultados muestran que “a pesar del proceso logrado en el sector bancario, basado en el Protocolo Verde, el sistema financiero aún no ha integrado el riesgo A&S de manera sistemática”. Dicha premisa la sustentan con el hecho de que “solo 42% de los bancos, 21% de las aseguradoras generales, 20% de las aseguradoras de vida y 13% de los fideicomisos” han integrado el riesgo ambiental en los sistemas de evaluación”.

Gracias al Protocolo Verde que tiene el Gobierno Nacional con el sector bancario, en los últimos años se ha logrado impulsar el financiamiento climático en las estrategias sostenibles. De acuerdo con el BID, “el Protocolo también ha elaborado directrices para la evaluación, la presentación de informes y la gestión de las emisiones de gases de efecto invernadero”.

“En Scotiabank Colpatria reconocemos que el cambio climático entraña un riesgo considerable para la economía mundial y la sociedad en general; por lo que nos encontramos fomentando la transición hacia una economía de bajas emisiones de carbono”, explicó María Isabel Botero, vicepresidente de gestión humana de Scotiabank Colpatria, a LR.

La ejecutiva ratificó que están adheridos a Protocolo Verde, “un acuerdo hecho entre Gobierno y sector financiero, en favor de la protección del medio ambiente. Allí se promueven acciones relacionadas con ecoeficiencia, productos verdes y financiamiento responsable”.

Ante los resultados del informe, desde la Superintendencia Financiera se aclaró que no son ajenos a los impactos del cambio climático y se ratificó que están comprometidos "en asegurar de que estemos razonablemente preparados para asimilar los impactos de una materialización de estos riesgos.

Por esta razón, añadió la Superfinanciera, en 2018 se "desarrolló un plan de trabajo enfocado principalmente en entender, identificar y compartir prácticas. En ese sentido, la SFC i) adelantó reuniones con entidades vigiladas con respecto a sus prácticas en finanzas sostenibles; ii) ingresó al Sustainable Banking Network (SBN) de la IFC para contar con una plataforma formal de diálogo público privado; iii) desarrolló un cuestionario para solicitar información a establecimientos bancarios, administradores de fondos de pensiones, compañías de seguros de vida y generales y sociedades fiduciarias".

En cuanto a la situación de México y Perú, se destaca que los reguladores financieros de estos países exigen que cada empresa que cotice divulgue su política medioambiental. Por lo que se hace necesario que incluyan los riesgos ambientales de su actividad económica y, además, “cualquier impacto estimado de la legislación relacionada con el clima en la actividad empresarial”.

Aunque en los dos territorios, al igual que Colombia, se continúa trabajando con el sector privado, en el informe se detalla que se hace urgente implementar sistemas de medición para no poner en riesgo a las entidades financieras.

Emisiones de CO2 afectan el PIB

Un estudio publicado en Scientific Reports también detalla que las emisiones de CO2 han provocado pérdidas económicas de hasta 2% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial. En ese documento, se aclara que cada billón de toneladas de CO2 emitidas podrían causar pérdidas globales del PIB de aproximadamente 0,5%, cifra que no solo afectaría las finanzas públicas de los países, sino también tendría incidencia en la productividad laboral.

En sus conclusiones finales, los investigadores añaden que los trabajadores necesitan aumentar de 10 a 40 minutos más por cinco horas de trabajo. Usando cálculos basados en pautas ampliamente utilizadas con respecto a las recomendaciones de tiempo de descanso por hora de trabajo y exposición al calor, explican, incluso, que en 2017 se perdieron 153.000 millones de horas de trabajo en todo el mundo por el impacto de la variabilidad climática.