Población con discapacidad, motor de desarrollo

Soraya Montoya

Colombia ratificó en 2011 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por las Naciones Unidas en 2006, lo que pone sobre la mesa varios retos para el país, entre estos, la inclusión laboral.

Ello, además de apuntar a la consolidación de una política de empleo formal y estable que beneficie a todos los colombianos, sin importar su condición, también es un llamado a la generación de alianzas público-privadas que permitan la vinculación de la población con discapacidad en el terreno laboral.

En el mundo más de mil millones de personas viven con algún tipo de discapacidad, y de ellas, hay alrededor de 3 millones en Colombia, de las cuales el 45% está en edad productiva pero sólo el 15,5% realiza algún tipo de trabajo, una cifra que se queda corta, teniendo en cuenta el potencial de esta población.

Aunque ya un 54% de las empresas la ha vinculado a su fuerza laboral, no es suficiente, pues la inclusión también es brindar un salario acorde con la labor, sin priorizar la condición. En este punto, el país debe dar un giro de 180 grados, pues las estadísticas muestran que de las personas con discapacidad que laboran, el 84% devenga menos de un salario mínimo.

Lo anterior indica un mayor trabajo en la sensibilización del empresariado colombiano sobre el tema. Un avance importante se ha dado con el Programa Empresarial de Promoción Laboral para Personas con Discapacidad ´Pacto de Productividad´, iniciativa interinstitucional con la que se ha generado un modelo de articulación entre diversos actores del mercado laboral en torno a la inclusión de estas personas.

A ésta ya se han vinculado varias instituciones del país y se ha logrado sensibilizar a 1.016 empresas sobre los beneficios y oportunidades que aporta un proceso de inclusión laboral. Por otra parte, las empresas que contraten a esta población cuentan con algunos incentivos. Si se trata de la generación de un nuevo empleo, podrán acceder por tres años a un descuento en el impuesto sobre la renta y complementarios de los aportes parafiscales y otras contribuciones de nómina.

Si la discapacidad de sus trabajadores es igual o superior al 25%, tienen derecho a deducir de la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el período gravable a los trabajadores con discapacidad y a que la cuota de aprendices disminuya en un 50%. Además, tendrán prioridad en las licitaciones con el Estado, en caso de empate con otra firma.

A ello se suma la modificación del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, que establece mecanismos de integración para esta población. Con ésta, se elimina una barrera para la contratación, ya que anteriormente para terminar un contrato laboral con un trabajador con discapacidad se requería una autorización del inspector de trabajo, lo cual incrementaba los procesos para el empleador. Ahora, con la Ley Antitrámites, si hay causa justa, el empleador podrá llamar a descargos y dar por terminado el contrato sin necesidad de este requisito.

La tarea en la labor de inclusión es para todos y por ello, se debe eliminar el enfoque asistencialista, dejando de lado la idea de que estas personas requieren únicamente apoyos, hay que valorar sus capacidades. Un ejemplo de ello es el Proyecto Eccos, en Bogotá, por medio del cual no solo se trabaja en la formación de las personas con discapacidad física y visual como agentes contact y call center, sino que se realizan gestiones para que sean incluidos en la fuerza laboral de otras organizaciones. En Funza Cundinamarca, municipio aledaño a Bogotá también se ha consolidado una estrategia activa de inclusión con el Proyecto Handicaped Projects, que se ha concebido no como una forma de subsistencia sino como una empresa estable y rentable en el sector de las confecciones. Su estrategia, permitir que el trabajo se realice en la oficina o en el hogar, según la situación del trabajador.

Esto ha sido clave para que tanto la población con discapacidad como sus cuidadores puedan acceder a una fuente de ingresos, teniendo en cuenta que cerca del 38% de las personas con discapacidad requieren ayuda de un cuidador, de los cuales el 26% son personas entre los 15 y los 44 años de edad, es decir, está en edad productiva y que en estos hogares habría 2 personas por fuera de cualquier posibilidad de generar ingresos económicos.

Así, se contribuye con la construcción de una sociedad más igualitaria, en donde un trabajador no se mide por su condición sino por su capacidad.